Catorce allegados a Ortega vuelven a ser sancionados por la Unión Europea

Catorce allegados a Ortega volvieron a ser sancionados por la Unión Europea tras vencerse el período de las medidas restrictivas que, este conglomerado de países, ejecutara en contra de los orteguistas.

La Unión Europea renovó las sanciones, este lunes, otro por el período de otro año más. Las personas y empresas son sancionadas por estar relacionadas al deterioro de la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses.

En un comunicado la UE dio a conocer que las medidas restrictivas se extienden hasta el 15 de octubre del 2022.

“Responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como contra quienes llevaran a cabo políticas o actividades que socavaran la democracia y el Estado de derecho”, dice el anterior régimen de sanciones de parte de la UE.

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Entre los orteguistas que han vuelto a ser sancionados por la Unión Europea están:

1 – Rosario María Murillo Zambrana. Vicepresidenta de Nicaragua desde 2017. Esposa de Daniel Ortega. De acuerdo a la UE, la vicepresidenta desempeñó un papel fundamental en el fomento y justificación de la represión de las manifestaciones de oposición por parte de la Policía Nacional de Nicaragua en 2018. En junio de 2021, amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a periodistas independientes.

“Por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática y de socavar la democracia en Nicaragua”, afirma el texto.

2 – Gustavo Eduardo Porras Cortés. Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde enero de 2017.

“En su cargo de Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, es responsable de promover la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos una ley de amnistía que excluye cualquier investigación sobre los autores de violaciones masivas de derechos humanos en 2018, y leyes que atentan contra la libertad y el proceso democrático en Nicaragua, por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”, alega la UE.

3 – Juan Antonio Valle Valle. Comisionado General de la Policía Nacional.

“Como líder en el rango de alto comisionado (segundo rango más alto) de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y en un puesto de liderazgo en la policía de Managua, Juan Antonio Valle Valle es responsable de repetidos actos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en la muerte de cientos de civiles, por arrestos y detenciones arbitrarias, por violaciones a la libertad de expresión y por impedir manifestaciones contra el gobierno, por tanto, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua””, afirma el texto de la UE.

4 -Julia Guido Ochoa, Fiscal General de la República de Nicaragua.

“En su cargo de Fiscal General, la máxima funcionaria de la Fiscalía, Ana Julia Guido Ochoa, quien es leal al régimen de Ortega, es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que fabricó acusaciones contra los manifestantes y presentó cargos contra ellos. Además, es responsable de la inhabilitación para el cargo público del principal candidato de la oposición para las elecciones generales, por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.

5 – Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Jefe de Policía de León.

“En su cargo de jefe de policía en León desde el 23 de agosto de 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular detenciones y detenciones arbitrarias, incluido el secuestro de miembros de la familia de un opositor político, el uso de la fuerza y violaciones de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Por tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, expone la UE.

6 – Alba Luz Ramos Venegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua.

“En su cargo de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, tiene a su cargo la instrumentalización del Poder Judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega, a través de la criminalización selectiva de las actividades de oposición, perpetuando el patrón de violaciones a los derechos del debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y oposición”, afirma la UE.

7 – Juan Carlos Ortega Murillo. Hijo del matrimonio Ortega-Murillo. Es el director de Canal 8 y líder del Movimiento Sandinista 4 de Mayo.

“En su cargo, ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. Por ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, se le asocia con responsables de graves violaciones a los derechos humanos y represión a la sociedad civil en Nicaragua”, argumenta la UE.

8 -Bayardo Arce Castaño, Asesor Económico del presidente Daniel Ortega.

“En su cargo de Asesor Económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño tiene una influencia significativa sobre las políticas del régimen de Ortega. Por tanto, se le asocia con responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Apoyó el desarrollo de una legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, concluye el texto de la UE.

De acuerdo a la resolución de la UE, las sanciones que se aplican a las 14 personas, están diseñadas “para no perjudicar a la población civil o a la economía del país”, puntualizó el Consejo.

Esas personas han visto congelados sus activos y no pueden acceder a fondos en la UE y no pueden viajar a territorio comunitario.

La UE reafirmó además su “compromiso de apoyar al pueblo de Nicaragua”, incluyendo ayudar a reforzar el Estado de derecho y respaldando el desarrollo económico y social para los más vulnerables.

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