CSJ da a lugar recursos de inconstitucionalidad contra ley de agentes extranjeros y pide informe a Daniel Ortega

La ley 1040, “Ley de regulación de agentes extranjeros” aprobada en el último trimestre de 2020 por la dominante bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional; y con la que se busca sepultar el derecho a la libre asociación, al trabajo y a la libertad de prensa, recibió múltiples recursos de inconstitucionalidad interpuestos por agrupaciones de la sociedad civil, organismos de Derechos Humanos, periodistas independientes y de la misma aspirante presidencial Cristiana Chamorro.

Meses después de acumularse un considerable número de recursos, la Corte Suprema de Justicia manejada por el orteguismo falló a favor y pide al caudillo Daniel Ortega y al designado presidente de la junta directiva del poder legislativo, Gustavo Porras, presentar informes sobre el marco e intenciones de la ley.

“Mediante escrito presente en tiempo y forma ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia diversos recursos recurrentes con distintas generales de ley y domicilio interpusieron recurso por inconstitucionalidad en contra del doctor Gustavo Eduardo Porras Cortés en calidad de presidente de la Asamblea Nacional por haberse emitido la ley número 1040 Ley de Regulación de Agencias Extranjeras aprobada el 15 de octubre de 2020 y publicada en la gaceta diario oficial número 192 el 19 de octubre del 2020 y  contra el excelentísimo señor presidente de la república de Nicaragua Comandante José Daniel Ortega Saavedra por haberse promulgado y publicado la referida ley” reza un escrito de la la CSJ enviado a los Defensores del Pueblo.

Además, la notificación señala que el recurso impugna diferentes artículos de la disposición general indicadas “artículos de la Constitución Política, en el mismo sentido solicitaron la inconstitucionalidad total de la ley y otros la declararon por inconstitucionalidad parcial (…) concediéndose la intervención de la ley a los ciudadanos antes mencionados contra el doctor Gustavo Eduardo Porras Cortés y al excelentísimo señor presidente de la república de Nicaragua Comandante José Daniel Ortega Saavedra y a la Procuradora General de la República licenciada Wendy Carolina Morales Urbina el plazo de 20 días para que se apersone ante este supremo tribunal rinden informe”, explican.

La Corte Suprema de Justicia recibió también recursos de inconstitucionalidad ante las leyes de ciberdelito y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, cuyas causas se están acumulando y se presentarían en una sola audiencia, refieren abogados.