Coalición Nacional quiere casilla política para próximos comicios

Por Moisés Mercado

Las diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y partidos de oposición, aprobaron de manera unánime exigir reformas electorales que permitan obtener una casilla a esta coalición que pretende sacar del poder al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según el comunicado emitido por los miembros de la Coalición Nacional, en consenso se aprobó que, <<quienes integren estas alianzas serán quienes decidan nombre, siglas, bandera, emblema, casilla, representante legal, así como las candidaturas de acuerdo a los estatutos de dicha alianza>>.

Los avances en las negociaciones entre los miembros de la Coalición Nacional se habían detenido desde hace seis semanas producto de un impase con el Partido Liberal Constitucionalista, que había propuesto a María Fernanda Flores, Marta MacCoy y Jamileth Bonilla para que conformaran comisiones dentro de la unidad, sin embargo, no fueron aceptadas por ser tres figuras que representaron actos de corrupción y pacto con el sandinismo.

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Tamara Dávila, integrante del consejo político de la Unidad Nacional, asegura que los acuerdos tomados rompen con el bipartidismo y también se logró la flexibilización para la creación de nuevos partidos políticos.

Dávila considera como <<gran éxito>> la toma de acuerdos de esta semana, y asegura que en la próxima semana se debatirá sobre la inclusión del sector de jóvenes para que nadie quede excluido de la agrupación opositora.

Para Violeta Granera, miembro de la Coalición Nacional, otro de los acuerdos que se alcanzaron fue que se adecue la Ley Electoral a lo dispuesto a la sentencia dictada por La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del partido indígena YATAMA, con el fin de garantizar el respeto de los derechos y costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

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La coalición nacional está conformada por catedráticos, feministas, partidos y movimientos políticos, sociedad civil, victimas de la represión y algunos movimientos estudiantiles quienes iniciaron las protestas en contra de la dictadura de Daniel Ortega en abril de 2018 por las reformas a la Ley de Seguridad Social impuestas por el régimen.