Dictadura continúa cediendo propiedades al INSS: 76 en menos de un mes
A mediados de octubre, la dictadura había otorgado 31 propiedades al INSS, por lo que ya suman 76 donaciones a la institución en crisis en menos de un mes.
Fachada de la Sede Central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en Managua.
- Cortesía
La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó 45 propiedades en calidad de donación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por medio de tres acuerdos presidenciales publicados este martes, 4 de noviembre en La Gaceta, diario oficial del Estado nicaragüense.
Dos fueron otorgadas vía el decreto 180-2025, ambas ubicadas en el departamento de Managua; treinta y nueve fueron otorgadas vía el decreto 181-2025, todas en el departamento de Rivas; otra fue entregada en el departamento de Nueva Segovia vía el decreto 182-2025; otra más vía el decreto 183-2025, esta en el departamento de Chinandega; y una más en Masaya, vía el acuerdo 184-2025.
A mediados de octubre, la dictadura había otorgado 31 propiedades al INSS, por lo que en menos de un mes han acumulado 74 donaciones.
A través de estos acuerdos, la dictadura transfiere estos bienes —varias presuntamente confiscados a opositores desterrados— con el fin de “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”, una política que ha implementado en anteriores ocasiones en un intento de mantener la entidad a flote.
Wendy Morales, procuradora general sandinista, representó al Estado y subscribió las escrituras públicas ante la Notaría estatal, junto con el presidente ejecutivo del Instituto, el también sandinista Roberto López. Las firmas de Ortega y Murillo figuran con fecha del 17 de octubre.
Desde la expulsión de 222 presos políticos en febrero de 2023, dictadura sandinista ha revocado los derechos de propiedad de por lo menos 452 personas cuya nacionalidad fue revocada por orden designio de Ortega y Murillo. Esto implicó que todos los bienes y activos de los afectados fueron confiscados por el Estado en un proceso que no fue públicamente declarado por las autoridades.
Varias de estas propiedades han sido utilizadas por la dictadura en distintas calidades, sobre todo para establecer instituciones públicas de enseñanza, atención médica y otros servicios públicos (por norma deficientes), como ya había hecho con propiedades confiscadas a medios de comunicación.
Otras han sido entregadas al INSS, una institución que bajo casi veinte años de gobierno sandinista ha caído en declive y crisis tras haber sido entregada en superávit por la administración del presidente Enrique Bolaños al gobierno sandinista.
