Condenan a sandinistas del grupo de WhatsApp que administraba Carlos Fonseca Terán

En secreto y bajo ilegalidades, este jueves fueron condenados a 10 años de prisión los ocho militantes sandinistas que integraban el grupo de WhatsApp nombrado como “La Comuna”, el cual era liderado por Carlos Fonseca Terán, quien es hijo del fundador del criminal partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador.

Se trata del exfuncionario del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), Gustavo Antonio Zapata; el exfuncionario del poder judicial, Alejandro José Taleno Rueda; el también exfuncionario del Mefcca, Ernesto Rafael Paredes Pérez; y los catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua), Cristian Eduardo Bermúdez Roque y Frank Eduardo Matus Rodríguez.

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Además de José Antonio Bermúdez Sobalvarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro y Rigoberto José Ramos, todos militantes sandinistas, quienes fueron capturados el pasado mes de julio a pesar de ser reconocidos dentro de las filas del sandinismo y por su lealtad a Daniel Ortega.

En el caso de los otros dos, Carlos Fonseca Terán y su esposa, Arlen Yahoska Cuadra Núñez, estos aún no han sido presentados por las autoridades policiales y se encuentran en estado de desaparición forzada, aunque el pasado mes de agosto el medio digital Confidencial logró confirmar que ambos se encuentran retenidos en su casa unicada en Lomas del Valle, en Managua, desde el pasado 26 de julio, bajo el régimen de casa por cárcel.

Los acusan de robarle al Estado

El equipo de Despacho 505 conoció extraoficialmente que a ningunos de los sentenciados en secretos se les permite recibir visitas de sus familiares por orientaciones de la viceditadora Rosario Murillo, tras acusarlos robo, fraude y malversación de caudales públicos.

La última información divulgada por el Ministerio Público fue que los detenidos estaban siendo acusados por pertenecer a un “grupo delictivo que valiéndose de sus funciones robó al pueblo nicaragüense”.

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Supuestamente se aprovecharon de sus cargos en instituciones públicas para apropiarse de fondos del erario de la Nación que eran destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural, que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos.

Para cometer el fraude, supuestamente, los detenidos habrían ideado un entramado delictivo “en el que cada uno, de acuerdo a las funciones que ejercían, recurrieron a información confidencial de los solicitantes de créditos, para hacer creer a estos, que les estarían financiando su empredurismo; cuando en realidad, los desembolsos eran para familiares y amigos cercanos de estos coacusados”.