Dictadura de Nicaragua aprueba proyecto de Ley que controlará las telecomunicaciones en el país

La Asamblea Sandinista aprobó con 91 votos y cero en contra, la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que establece que “Los Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Proveedores de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales”, están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

El diputado Wilfredo Navarro defendió la nueva legislación y atacó a las empresas telefónicas acusándolas de haber establecido un oligopolio.

“Esta ley va a promover la competencia porque en Nicaragua existen dos empresas telefónicas que son oligopolio, entonces ahora con este hecho sencillo de darle al usuario su teléfono ellos pueden cambiar de compañía telefónica”.

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El oligopolio en una empresa es cuando una asociación compite contra otra y crean una estrategia para manejar y alterar los precios de un producto o servicio que afecta a las demás instituciones. Por ejemplo, si una empresa le baja el costo a su servicio, las demás lo tiene que hacer para no perder clientes.

Según Navarro, la ley obligara a operadores telefónicos a ser más equitativos y más competentes, “mejorará el servicio e incidir en menores tarifas y el uso eficiente de la denominación telefónica”.

Aclaró que “la nueva Ley cambia totalmente el marco jurídico anacrónico que se manejaba para administrar el sistema de la telefonía y de las comunicaciones en nuestro país; por eso las características de esta ley es modernidad actual que enfrenta los retos de la tecnología y de las competencias que se generan con esas transformaciones en el sistema telefónico”.

Agregó que la legislación “establece reglas claras, un principio muy importante para la protección de los derechos del usuario, le da a la telefonía el carácter de servicio público para que cuente con respaldo del Estado en la defensa de los derechos de los usuarios”.

Control a través de las telecomunicaciones

A pesar que el presidente de la Asamblea Sandinista defienda la ley como una estrategia para reducir los costos en los servicios de telecomunicaciones en el país, lo cierto que lo que hay detrás de esta legislación es el control político a través de ello.

Pues en el artículo 109 de esa iniciativa establece: “Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.

Con esta nueva reforma, la dictadura sandinista pretende controlar en su totalidad los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en Nicaragua. Para ello, designó al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para que ejerza de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país, así como todos los equipos de grabación que ingresen u operen dentro de la nación.

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Es decir, al ejercer mayor control y fiscalización de las comunicaciones, la dictadura sandinista podrá tener total acceso a la información personal, llamadas, correos y chat enviados por internet de los usuarios.

Con esta nueva iniciativa, la dictadura sandinista estaría instaurando una especie de espionaje contra los nicaragüenses que cuenten con servicio de internet y cable digital con el fin de controlar lo que estas consumiendo en las redes sociales, internet y televisión. Incluso, para espiar lo que comentas, compartes y hablas en las plataformas digitales.

Vigilancia con Ley de telecomunicaciones, viola la Ley 787

Con la aprobación de este proyecto de ley de telecomunicaciones, estaría violentando la Ley 787, Ley de Protección de Datos Personales, que garantiza el derecho a la privacidad personal de los usuarios de un servicio.

La Ley 787 establece que los datos personales de un usuario no pueden ser revelados sin el consentimiento del titular o por un mandato judicial, sin embargo, con esta legislación la información de los clientes estará a disposición de Telcor.

A esto incluye que los operadores de telecomunicaciones deberán proveer la geolocalización de los usuarios de telefonía y permitir severas inspecciones, de no acatar estas indicaciones, recurrirán a la fuerza de la Policía Sandinista. De igual forma, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0.5% hasta 2.5% de sus ingresos brutos derivados del año anterior a la infracción de la ley.