Dictadura le quita a la CSJ el Registro de la Propiedad: ahora podrá confiscar a su “gusto y antojo”

Con 81 votos a favor y cero en contra fue aprobado un proyecto de reformas en la que desvincula al Registro Público de la propiedad que eran administrados por el Poder Judicial de Nicaragua.

La iniciativa propone reformar el Artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua derogando el numeral 4 y reformando los numerales 5 y 6, para desvincular a los Registros Públicos del Poder Judicial.

Con la reforma al Artículo 165 prácticamente le quita la autonomía la autonomía al Poder Judicial en la administración y del Registro Público y ahora estos pasarán al dominio de la Procuraduría General de la República.

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La decisión de la dictadura sandinista ocurre en un momento de crisis dentro de la institución judicial en la que han resultado defenestrado varios magistrados de la CSJ y otros funcionarios acusados por malversación de fondos.

Ahora con la reforma al artículo 165 de la Constitución Política se leerá así: “Se crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de Justicia, al que se le confiere autonomía técnica y funcional, para ejercer la competencia de coordinar, planificar y ejecutar la política administrativa y financiera del Poder Judicial, dirigir la Carrera Judicial y conocer, investigar y resolver en lo que competa, las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del Derecho y los funcionarios de Carrera Judicial”.

Dicho consejo estará integrado por cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido el Presidente de la misma, pero hasta el momento no han sido designado ningún funcionario tras los despidos masivos que ha ejecutado la vicedictadora sandinista, Rosario Murillo, en los últimos días.

Destacan que los miembros del Consejo no formarán parte de ninguna de las Salas de la Corte, más bien, “se dedicarán de manera exclusiva al ejercicio de estas funciones mientras dura su período que será de dos años y medio, excepto integración de Corte Plena, ni en ningún caso podrán ser sustituidos por Magistrados que integren cualquiera de las Salas”.

De acuerdo con el proyecto de reforma y creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, los magistrados que serán elegidos para administrar este órgano de la CSJ, tendrán como atribuciones planificar y ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, formular el anteproyecto de su presupuesto, aprobar el nombramiento, traslado o despido del personal administrativo de la institución judicial.

Por otro lado, entre las atribuciones que el Consejo no les competerá hacer es nombrar médicos forenses; resolver de las denuncias por faltas disciplinarias leves, graves y muy graves de los médicos forenses y secretarios de actuaciones, defensores públicos, jueces y magistrados de apelaciones; y otorgamiento de títulos de abogado y notario público.

“Barbaridad jurídica”

Para el opositor y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, el traspaso del Registro Público a la Procuraduría General de la República, significa una “barbaridad jurídica” porque le quita su autonomía y ahora pasa al “abogado del Estado” que sin ningún tipo de fiscalización, “va a poder alterar los registros, va a poder confiscar sin la necesidad de írselo a pedir al poder judicial”.

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Según Chamorro, la CSJ ahora se queda sin recursos porque cada vez que se registraba una hipoteca o un cambio de propiedad, esto incurría a gastos por el trámite, pero ahora, esos ingresos caen a la PGR.