Asamblea Legislativa de Costa Rica condena censura de actuaciones de dictadura Ortega Murillo

El congreso de Costa Rica condenó este miércoles las graves violaciones de derechos humanos que vive en carne propia el pueblo de Nicaragua, así como otras arbitrariedades que comete el régimen Ortega Murillo, en el siguiente reporte le contamos cuántos diputados condenaron a esta pareja de dictadores y que dice esta moción.

El apoyo y las muestras de solidaridad fue evidente por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aquí en el plenario 45 de 67 legisladores aprobaron una moción donde denuncian la «censura de las actuaciones del Gobierno nicaragüense en contra de la democracia y la paz» e «insta firmemente» a utilizar «el diálogo y la concertación como única vía para la resolución de diferencias y conflictos en un marco de paz, libertad y democracia».

“Es increíble lo que está pasando en Nicaragua, vemos como cierra instituciones religiosas y educativas este gobierno de Nicaragua; yo creo que tenemos que pronunciarnos como Asamblea Legislativa de Costa Rica y darles nuestro apoyo a nuestros hermanos nicaragüenses”, expresó, Alejandro Pacheco Castro del Partido Frente Amplio.

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La moción fue presentada por el Partido Unidad Social Cristiana y cuyo contenido denuncia el cierre de Organismos no gubernamentales, el robo de universidades como la UPOLI y la UCA, así como la confiscación del INCAE, la persecución a la iglesia católica, las de nacionalizaciones y encarcelamiento de decenas de presos políticos.

Por su parte, María Martha Carballo, secretaria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica manifestó que la dictadura de Nicaragua ha incurrido a graves violaciones sistemáticas al orden constitucional y democrático promoviendo acciones de persecución política contra la oposición y la iglesia católica de Nicaragua.

En ese mismo orden, Priscila Vindas del Partido Frente Amplio, denunció ante el pleno del legislativo que la dictadura sandinista no solamente decomisó los bienes de los declarados apátridas, sino también que retiró las pensiones del seguro social a los desterrados y desnacionalizados en febrero de este año.

Por otro lado, Eli Feinzaig Mintz del Partido Liberal Progresista, denunció la arbitrariedad del régimen al confiscar el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una escuela de negocios reconocida y clasificada internacionalmente entre las mejores del mundo, con operaciones en varios países de la región fundada en 1964 con el apoyo de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El cierre del INCAE no es más que el último de una larga lista de atropellos que ha ejecutado la dictadura de Ortega”, dijo Feinzaig. Por consiguiente, también demandó el cierre y confiscación de más de 20 universidades privadas.

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En esta resolución aprobada este miércoles en el seno de la asamblea legislativa los legisladores se solidarizan «con el pueblo de Nicaragua y con todas las organizaciones de la sociedad civil que luchan por recuperar la paz y buscar soluciones a la crisis social y de gobernabilidad que vive ese país».