Denuncian nuevas “detenciones arbitrarias” en Nicaragua

SAN JOSÉ, COSTA RICA —El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), denunció este viernes las “detenciones arbitrarias” de al menos 10 opositores al gobierno de Daniel Ortega en los últimos días en Nicaragua.

Las personas víctimas de estas detenciones son miembros o “allegados” a la organización Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS, fundada por el exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado, quien está en el exilio y la exguerrillera Dora María Téllez, quien se encuentra en prisión, informó el Cenidh.

Distintos medios nicaragüenses identificaron a dos de los detenidos como la esposa e hija de un opositor llamado Javier Alberto Álvarez Zamora, quien denunció persecución política y salió del país.

Al no enontrarlo, detuvieron a su esposa, Jeannine Horvilleur Cuadra y a su hija, Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, expresa el opositor Álvarez Zamora en una denuncia divulgada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, un organismo con sede en Costa Rica.

Los arrestos se dan a solo dos meses de las elecciones municipales en Nicaragua, donde se elegirán 153 autoridades locales de todo el país.

Un acto de “reprersión”

Las elecciones presidenciales de 2021 fueron calificados como fraudulentas por la comunidad internacional porque Ortega detuvo a los principales líderes opositores antes de los comicios.

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Pero Héctor Mairena, vocero de Unamos, dice que las detenciones no son “un asunto circunstancial ni coyuntural”, sino una acción de “un régimen que se sustenta con la represión”, y agrega que si bien Nicaragua está a dos meses de celebrar elecciones, no cree que eso defina esta “actitud represiva”.

“Antes fue por las elecciones nacionales, después porque se acercaba el aniversario de abril de 2018. La dictadura desata en cualquier momento nuevas escaladas represivas”, dijo Mairena a la VOA.

Un nuevo patrón represivo

De acuerdo con el Cenidh, en las últimas semanas han documentado “un nuevo patrón represivo” del gobierno del presidente Ortega que consiste en “acoso, persecución, amenazas y detenciones” en donde muchas familiares han resuelto no denunciar para evitar represalias mayores “que conduzcan a situaciones irreparables”.

“Este comportamiento delincuencial no tiene precedentes en la historia, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quieren secuestrar. Lo que supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo”, denunció el Cenidh en un comunicado de prensa.

¡No nos detendrán!

La dictadura de los Ortega Murillo ha desatado en las últimas dos semanas una embestida represiva contra nuestro partido Unamos. El acoso, la persecución, las amenazas se han incrementado considerablemente en distintos departamentos del país. pic.twitter.com/mlDLAnmD71

— Unamos (@unamosnica) September 14, 2022

El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha referido a los hechos, sin embargo durante el acto de las festividades patrias, relacionadas a los 201 años de independencia de Centroamérica, el mandatario sandinista dijo que continuarían luchando por lo que denominó “la paz” en el país.

El líder sandinista ha tildado en reiteradas ocasiones a los opositores de “terroristas” y los ha llamado “hijos de perra de los imperialistas”.

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“Callarnos y destruirnos”

Las detenciones recientes buscan “callarnos y destruirnos”, pero “no lo lograrán”, dijo tras las detenciones la organización opositora Unamos, cuyos principales líderes están en la cárcel.

“En los 27 años de nuestra existencia, no han podido (…) aún con el encarcelamiento de gran parte de nuestra dirigencia y de la muerte en la cárcel de nuestro vicepresidente Hugo Torres”, sentenció a través de un comunicado Unamos , antes llamado Movimiento Renovador Sandinista.

Nicaragua vive una grave crisis sociopolíticas desde que estallaron protestas antigubernamentales en el 2018. Miles de opositores se han exiliado y han sido detenidas más de 180 personas por razones políticas, según organizaciones pro derechos humanos.