Dictadura entrega más de 46 mil hectáreas a otra minera china
Esta concesión originalmente había sido otorgada a Zhong Fu Development, pero esta había solicitado reasignarla a Y.M. Mining.
Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua, junto a una delegación de la Embajada China en Managua durante un acto de cooperación en 2024.
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La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó una concesión para explotación minera de 46 172 hectáreas de territorio a la empresa de capital chino Y.M. Mining Company, S. A., según registra un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicado en La Gaceta, diario oficial del Estado, el 14 de enero.
La concesión fue legitimada a través del acuerdo 143-SBT-M-138-2025, entregando el lote denominado “Siuna” entre los municipios de Siuna y Waslala, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). Esta sería la primera concesión minera del año 2026, habiendo entregado la dictadura casi un millón de hectáreas desde establecer relaciones con la República Popular China en 2021.
La concesión otorgada por el MEM a Y.M., había sido asignada inicialmente a la empresa china Zhong Fu Development, S. A., representada por el ciudadano chino Feiwu Bian. Pero Zhong Fu había solicitado traspasarla a Y.M. en diciembre de 2025.
Otro lote también fue traspasado al día siguiente, el 15 de enero, de Zhong Fu a una empresa llamada Tutukawa Mining Company, S. A., según figura en el acuerdo ministerial 144-SBT-M-139-2025 en respuesta a una solicitud de Zhong Fu presentada en agosto de 2025. Tutukawa es también una empresa de capital chino representada por un ciudadano de nombre Kaiming Chen.
Siguiendo el estándar concesionario de la dictadura, los derechos fueron otorgados por un plazo de 25 años, quedando a discreción de la minera el inicio de las operaciones en un plazo no mayor de cuatro años desde la cesión.
De igual forma, la empresa habrá de pagar regalías del 3% del valor de las sustancias extraídas y, en principio, está bajo supervisión de MEM, aunque la dictadura ha mostrado extremo favoritismo y laxitud regulatoria hacia las operaciones chinas en el país, y es poco probable que fiscalice las concesiones a como manda la ley.
