Crisis sociopolítica desata protestas en Guatemala contra gobierno de Giammattei

La inflación, la corrupción y la persecución contra defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas desencadenaron el martes protestas en Guatemala, en las que participan miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó de la ejeución de nueve bloqueos de vías en ocho de los 22 departamentos del país, como parte de las protestas en Guatemala.

La Asamblea Social y Popular, que aglutina a varias organizaciones, dice que las protestas responden a las acciones del gobierno de Alejandro Giammattei y denuncia un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia en Guatemala.

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Diversos gobiernos y entidades, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, expresan su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se ven forzados funcionarios de justicia , a quienes se les persigue por su labor en la lucha contra la corrupción.

Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General.

A Consuelo Porras, titular del Ministerio Público, el gobierno de Estados Unidos la señala de socavar el estado de derecho y obstaculizar la lucha contra la corrupción. En 2021 Porras fue sancionada por Washington, retirándole la visa de entrada a ese país.

-NOTICIERO NICARAGUA ACTUAL-

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Durante el gobierno de Giammattei, que comenzó en enero de 2020, el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales a discreción del gobierno y actualmente debate una norma que, entre otras cosas, le daría a la policía y el ejército la facultad de usar armas contra los manifestantes.

Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta.

En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de pruebas en su contra.