Ley Renacer a punto de ser aprobada por el Senado de Estados Unidos

El congresista republicano Albio Sires informó que la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, RENACER, fue presentada ante el Congreso de Estados Unidos esta mañana de viernes.

Daniel Ortega podría ser sancionado con esta Ley Renacer, que prioriza también sanciones a funcionarios del círculo cercano al dictador.

La propuesta de la ley Renacer también fue apoyada por los congresistas Mark E. Green, miembro del Subcomité junto con Debbie Wasserman, Stephanie Murphy, Mario Díaz-Balart, Darren Soto, Juan Vargas y Ted Deutch.

“El Gobierno de los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua. Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales”, afirmó el republicano Albio Sires.

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En tanto María Elvira Salazar, congresista republicana y también promotora de Renacer, subrayó que el brutal régimen de Ortega está hostigando, persiguiendo y reprimiendo al pueblo nicaragüense para evitar una elección presidencial libre y justa en noviembre.

“Estoy muy orgullosa de unirme a mi colega, el presidente Albio Sires, en la introducción de la Ley RENACER para aumentar la presión sobre el régimen de Ortega y hacerlos responsables de sus atroces acciones. ¡Siempre debemos apoyar a los hombres y mujeres valientes que luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua! ”, aseveró Salazar.

La Ley RENACER califica como “involucrados en actos de corrupción pública en Nicaragua” a  funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega; familiares del presidente Daniel Ortega; miembros de la Policía Nacional; miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua (Ejército); miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua; miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares; personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno de presidente Daniel Ortega, su partido o su familia; e individuos identificados en el informe requeridos por la sección 8.

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