Fiscales de EEUU a Trump: “Nos vemos en los tribunales”

Los Fiscales Generales de más de 18 Estados de Estados Unidos se juntaron este martes para demandar al presidente Donald Trump, en una batalla legal por la reciente Orden Ejecutiva que firmó el mandatario en busca de aniquilar el derecho a la ciudadanía por nacimiento independientemente del estatus de sus padres.

Trump firmó, horas después de su toma de posesión presidencial, este lunes, una Orden Ejecutiva para derogar este derecho contemplado en la 14.ª Enmienda de la Constitución y vigente desde hace décadas, en cumplimiento a su promesa de campaña electoral.

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Rob Bonta, Fiscal General de California, dijo en rueda de prensa que esta decisión del presidente Trump afectará a más de 20 millones de niños y niñas por lo cual la considera una violación a los derechos humanos y va en contar de la Constitución Política.

El Fiscal estadounidense calificó de “antiestadounidense” la Orden Ejecutiva firmada por Trump, la noche del lunes, y señaló que no es una sorpresa que el nuevo mandatario promueva estas medidas políticas en contra de indocumentados en Estados Unidos.

“El presidente decidió comenzar su segundo mandato echando por tierra uno de los pilares de nuestra nación desestimando el documento fundamental del país, un tono aterrador pensando en el resto de su gestión”, destacó Bonta.

“Lamentablemente esta y otras órdenes no sorprenden, Trump está cumpliendo una promesa de campaña. Hoy yo también estoy cumpliendo una promesa de actuar si Trump quebranta la ley y viola nuestros derechos como hizo hoy con lo que francamente es una orden Ejecutiva antiestadounidense”, añadió.

El Fiscal General de California explicó que varios colegas de Massachusets, Nueva Jersey y de otros 15 Estados del País, así como del Distrito de Columbia y San Francisco, se juntaron en esta demanda para enfrentar a Trump en lo que sería una larga batalla legal, ya que consideran que es un orden “inconstitucional”.

Incluso, Bonta afirmó que el mandatario Trump se excedió en “el ejercicio de su autoridad” con esta nueva Orden Ejecutiva que representa representa un ataque directo a los derechos, y que no se trata de un “desacuerdo legal con Trump”.

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Cabe señalar que esta acción legal liderada por el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, también cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes

“Esta orden viola la enmienda de Constitución de los Estados Unidos, quebranta la Constitución, viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y echa por tierra un siglo y cuarto de precedente legal establecido por la Corte Suprema”, añadió Bonta.

Pierden nacionalidad y derechos fundamentales

Los fiscales advirtieron sobre las graves consecuencias sociales y legales que podría tener la implementación de esta orden, especialmente para las comunidades inmigrantes.

El Fiscal de California insistió en que de aprobarse esta orden se pondría en peligro a millones de niños y niñas de padres indocumentados, además que dispararía el número de deportaciones y el trauma pernicioso al bienestar mental y emocional de estas personas.

Asimismo, muchos niños y niñas “no podrían obtener número de seguro social o pasaporte” y cuando sean adultos “no podrán trabajar legalmente, no podrán servir en jurados o postularse para cargos políticos”.

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No obstante, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo recientemente que están preparados para enfrentar a los Estados en los tribunales al calificar esta demanda de ser “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.

“Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la abrumadora voluntad del pueblo, o pueden subirse a bordo y trabajar con el presidente Trump”, señaló.