• Nicaragua
  • 1:10 pm
  • Oct 17, 2024

Denuncia en UE expulsión y desnacionalización de presos políticos como una herramienta de represión

Denunciaron con urgencia a la comunidad internacional que adopte medidas efectivas para “proteger a las víctimas” y castigar a los responsables por las injusticias.

Opositora nicaragüense y apátrida, Alexa Zamora.
  • Nicaragua Actual
  • Cortesía

Una nueva denuncia llegó este jueves 17 de octubre al Parlamento Europeo en contra de los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusación que lleva seis años en la agenda internacional por el contexto político del país y la grave situación de los presos políticos.

En esta ocasión fueron representantes de distintos grupos políticos y parlamentarios, junto a las becarias Sájarov, entre ellas Alexa Zamora de Nicaragua, Carolina Barrero de Cuba y Jhanisse Vaca Daza de Bolivia.

En la denuncia, las defensoras de derechos humanos expusieron ante los asistentes la crítica situación de los prisioneros políticos y la represión en sus respectivos países de origen, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con firmeza y se tomen acciones contundentes ante los abusos y violaciones de Ortega y Murillo.

Zamora, alertó sobre el uso sistemático de la expulsión del país y la desnacionalización de expresos políticos como una herramienta de represión, así como el decomiso de sus bienes y propiedades en Nicaragua. Hasta la fecha han sido despatriado 432 opositores.

Asimismo, denunció el estado de desaparición forzada de varias personas, entre ellas el preso político Jaime Navarrete, la periodista Fabiola Tercero y el líder indígena Brooklyn Rivera, quienes permanecen en paradero desconocido desde su detención hace más de un año.

Las demás activistas y defensoras de derechos humanos también expusieron la situación crítica que viven los países de Bolivia y Cuba, así como las graves torturas que sufren los presos políticos.

Las intervenciones de las becarias Sájarov han puesto en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina y han resaltado la “urgencia de que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, adopte medidas efectivas para proteger a las víctimas y presionar a los gobiernos responsables de estas injusticias”.

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