CIDH confirma por 6to año consecutivo que en Nicaragua persiste un clima de “miedo” y “censura”
La CIDH insiste que en Nicaragua persiste un clima de miedo en la población, y la censurar de cualquier expresión de disenso, tanto en el espacio físico como digital; estas incluyen expresiones de fe y prácticas de la religión católica.

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Por sexto año consecutivo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Nicaragua en su informe anual 2023 en la que destacan en el país persiste la concentración del poder de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, bajo un “estado policial y la suspensión efectiva de los derechos y libertades fundamentales”.
De acuerdo con el informe, estas acciones evidencian que el espacio cívico y democrático “se encuentra cerrado” y que no “existen condiciones propicias para que la sociedad civil pueda participar de manera libre y segura en la vida social, política y religiosa”.
Durante 2023, el organismo de derechos humanos “observó la persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, incluso bajo nuevos patrones de represión como la expulsión del país y la privación arbitraria de la nacionalidad” de opositores al régimen orteguista.
Es decir, en Nicaragua se ha roto la institucionalidad democrática y el Estado de derecho por “el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la instrumentalización del aparato estatal para la represión y persecución política, religiosa y de cualquier persona considerada opositora”.
La CIDH insiste que en Nicaragua persiste un clima de miedo en la población, y la censurar de cualquier expresión de disenso, tanto en el espacio físico como digital; estas incluyen expresiones de fe y prácticas de la religión católica.
Esta censura también se refiere al cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, el exilio y el destierro de líderes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, quienes en su mayoría han decidido a autocensurse por temor a denunciar por el riesgo de sufrir represalias y sus familiares.
“Los periodistas que intentan informar sobre asuntos de interés general se enfrentan al riesgo inminente de ser arrestados”, advierten.
Detallan que “los distintos mecanismos de control y censura desplegados por el Gobierno han contribuido al cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua, y han socavado las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión”.
Concluye que continuarán ejerciendo todos los mandatos convencionales que les obligan a responder, incluyendo todo este monitoreo diario, con el apoyo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), establecido desde junio de 2018.