Nicaragüenses apátridas: vamos a agotar todas las instancias legales internacionales para denunciar a Ortega

En una conferencia de prensa, al menos 45 de los 94 nicaragüenses despojados recientemente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmaron que llevarán su denuncia ante la Corte Penal Internacional y otros países con jurisdicción universal.

Los 45 firmantes de un pronunciamiento emitido este viernes, reiteraron su denuncia ante el pueblo de Nicaragua y el mundo, al Secretario General de la ONU, la OACNUDH, a la OEA, a la Comisión y a la Corte IDH, para denunciar la brutal agresión que contra de estos y miles nicaragüenses más ha lanzado el régimen dictatorial de los Ortega Murillo.

“Somos parte de los 94 nicaragüenses a quienes, por pensar distinto y reclamar justicia,
democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una
resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de
convenios internacionales. La nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede
arrebatar. Somos y seremos nicaragüenses hasta el fin de nuestros días, porque ahí nacimos y porque somos parte inseparable de ese pueblo valiente, alegre y generoso. Por eso seguiremos luchando para tener una patria para todos”, dice parte de su comunicado.

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Edipcia Dubón, una de las nicaragüenses a la que Ortega despojó de su nacionalidad, dijo estar segura que la dictadura lo que pretende es aplastarlos civil y políticamente, que no puedan seguir defendiendo la democracia y que pierdan el tiempo buscando cómo resolver problemas de carácter personal, en vez de avanzar en la lucha por restablecer la democracia para Nicaragua.

Héctor Mairena, integrante del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco UNAB, se refirió al actuar de la Procuraduría General de la República, al mando de la servidora de la dictadura sandinista, Wendy Morales, quien está ocupando los inmuebles confiscados a los nicaragüenses despatriados y emplazando a las personas que los habitan.

Para Mairena, esto lo que demuestra es que el orteguismo actúa con un totalitarismo que controla todas las instituciones del Estado y pone en función de sus acciones represivas, absolutamente todos los instrumentos del Estado, en este caso la Procuraduría.

“En Nicaragua lo que está establecido es un terrorismo de Estado totalitario y autoritario que pretende aplastar cualquier voz que lo critique como nosotros lo hemos hecho”, afirmó Mairena.

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Mairena detalló que pese a que el Estado de Nicaragua no es suscriptor del Tratado de Roma, que es el sustento de la Corte Penal Internacional; sin embargo, la declaración de la cancillería del Gobierno de Gustavo Petro abre una posibilidad por su planteamiento al fiscal de la CPI que atienda estos crímenes de lesa humanidad y los abusos que se han estado dando en Nicaragua.

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Así mismo, Héctor Mairena indicó que en el informe del Grupo de Expertos de la ONU se plantea que hay países que dentro de su legislación contemplan lo de la Justicia Universal, por lo tanto, es posible iniciar acciones desde estos para llevar a la dictadura de los Ortega Murillo a la Corte Penal Internacional y que paguen por sus crímenes.

“Esto, más temprano que tarde, va a ocurrir y veremos a estos criminales sentados en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional”, aseveró Mairena.

Por su parte, el economista Enrique Sáenz, también desnacionalizado por la dictadura, refirió que cualquier cosa se puede esperar de una dictadura cruel y despiadada, por lo que detalló que van a actuar legalmente en instancias internacionales y jurisdiccionales.

Igualmente indicó que por el despojo de la nacionalidad ya están emprendiendo acciones ante las instancias competentes, porque, en este caso particular, se trata de una acción prácticamente medieval y nacista, que sólo tiene antecedentes en las más crueles dictaduras.

“Definitivamente vamos a agotar todas las instancias legales internacionales, conscientes de que en Nicaragua no existe la ley; en Nicaragua la ley es la voluntad del tirano”, subrayó Sáenz.

El especialista en Economía reveló, en cuanto a una deuda adquirida por su persona con el banco por su propiedad, que las autoridades de dicha entidad bancaria dijeron no tener ninguna orientación ni notificación de parte de la Procuraduría sobre el manejo de las confiscaciones del Estado a los nicaragüenses desnacionalizados y confiscados.

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Nicaragüenses denuncian ante la comunidad internacional la desnacionalización de las 94 personas por el régime Ortega-Murillo, exigen la liberación de los 35 presos políticos https://t.co/VStm1yBHLg pic.twitter.com/dox8ApHgH5

— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) March 3, 2023

En referencia a esto, el opositor Moisés Hassan, quien también participó de la conferencia, expresó que la dictadura, además de confiscar las propiedades de los desnacionalizados, también lo ha hecho con las pensiones de los jubilados despatriados que sólo cuentan con ella para sobrevivir.

Mientras, la opositora, Silvia Nadine, pidió el apoyo de los países para que sigan con la denuncia y alzando la voz por los derechos de los nicaragüenses por estas acciones del régimen, de las que asegura no les debilitan, sino más bien están haciendo que se unan más y que hayan mas países en Latinoamérica que rechacen lo que hace el régimen.