Oficina de derechos humanos de la ONU desnuda que nada estuvo normal en Nicaragua en 2022

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), publicó un resumen que evidencia la intensificación de las violaciones generalizadas de DDHH por parte de las instituciones de Nicaragua en 2022, por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y RosarioMurillo.

“No se permitió a gran parte de los y las nicaragüenses ejercer sus derechos civiles y políticos. El Estado condenó a las personas detenidas en el contexto electoral de 2021 por el solo hecho de ejercer sus derechos a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, en procesos penales marcados por violaciones sistemáticas de las garantías básicas del debido proceso”, según lo documenta esta oOficina.

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Además, entre agosto y noviembre, impidió durante 86 días que las personas presas en El Chipote recibieran visitas de sus familiares, y fue hasta diciembre que el régimen autorizó dichas visitas en tres oportunidades, como una clara violación a los derechos humanos fundamentales de lso presos políticos en Nicaragua.

#Nicaragua – Ya está disponible el resumen 2022 de hechos y figuras sobre la situación de #DerechosHumanos en Nicaragua.

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— OACNUDH (@OACNUDH) January 23, 2023

El documento destaca que el régimen detuvo arbitrariamente a centenares de personas, incluidos, por primera vez desde 2018, a sacerdotes de la Iglesia Católica, y siguió sometiendo a las personas privadas de libertad a condiciones inhumanas de detención.

“El Gobierno también siguió erosionando el espacio cívico con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y la clausura de más de una veintena de medios de comunicación”, señala el resumen.

Aumento de migración en 2022

Agrega que “tampoco cesó la persecución y el acoso a personas percibidas como opositoras, cometiendo nuevos tipos de violaciones como la detención de sus familiares o impedirles reingresar al país, forzándolas al exilio”.

La oficina de Naciones Unidas recordó que con la farsa de elecciones municipales celebradas en noviembre, donde se dieron múltiples casos de intimidación y coacción, el partido de Gobierno logró el control de todas las alcaldías del país.

“La migración, el exilio y las solicitudes de asilo en terceros países aumentaron  drásticamente, como evidencia de un Estado que continúa separándose de los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”, destaca la OACNUDH en su resumen.

Tres años de arrestos y persecución

La oficina también menciona que según los datos de sociedad civil, desde enero de 2020 hasta noviembre de 2022, se registra un total de 495 personas privadas de libertad y perseguidas penalmente en el contexto de la crisis, de las cuales solo en 2022 se reportan 225 casos, y del total se estima que 178 ya fueron condenadas y hasta el reciente diciembre 47 estaban siendo procesadas.

Entre enero y diciembre de 2022, OACNUDH documenta el despojo de la personalidad jurídica de 3.144 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en los 15 departamentos y dos regiones autónomas del país.

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Los meses con mayores cancelaciones de ONG fueron agosto, septiembre y noviembre, coincidiendo con la convocatoria y celebración de la farsa de eleecciones municipales del 6 de noviembre del 2022.

Del total de ONG canceladas, 2.792 son nacionales y 352 internacionales, estas últimas corresponden a 32 países, siendo Alemania, Costa Rica, España, Estados Unidos e Italia los que concentran el mayor número: 248, equivalente al 71% hasta el 9 de diciembre de 2022.

El 57% de las ONG nacionales canceladas trabajaban en temas de desarrollo, medio  ambiente, sociales y productivos; 13% eran gremiales, 10% organizaciones religiosas y 6% organizaciones dedicadas a promover los derechos de las mujeres.

El restante 9% corresponde a organizaciones diversas, entre médicas, culturales, medios de comunicación, recreativas, y otras.

Violaciones a la librtad de expresión

Entre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, desde 2018 hasta el 7 de diciembre de 2022, se contabilizan 174 periodistas y trabajadores de la prensa que salieron al exilio; solo en 2022 fueron 84, es decir, el 48% del total desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril del 2018.

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En 2022 se cancelaron al menos 26 medios de comunicación. No obstante, se alerta que podrían ser más, debido a que los cierres no se habrían notificado oficialmente, sino, a través de llamadas telefónicas.

La OACNUDH refiere también que en 2022 se promulgó la Ley 1132, que impone el registro obligatorio y la autorización gubernamental para la producción, filmación y exhibición de
audiovisuales en Nicaragua.