Estudiantes expulsados de universidades denuncian al Estado de Nicaragua ante la CIDH

Cuatro estudiantes que fueron expulsados de universidades estatales tras su participación en protestas cívicas del 2018, interpusieron denuncias contra el Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los líderes estudiantiles que conformaron el grupo “Estudiantes expulsados“, en su búsqueda por la justicia, interpusieron la denuncia ante la CIDH en el marco del Día del Estudiante Nicaraguense, el pasado 23 de julio, tras violentárseles sus derechos a la educación, además de sufrir un desplazamiento, obligándolos al exilio.

La denuncia de los estudiantes la acompaña el experto en Derecho Internacional Danny Ramírez, quien también es Coordinador de Litigio Internacional del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos.

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Las autoridades académicas de las universidades estatales en Nicaragua, al mando de la rectora militante sandinista, Ramona Rodríguez, borraron los registros académicos de varios estudiantes, en particular de estos cuatro que hoy interponen denuncia ante la CIDH.

Por órdenes de la rectora Ramona Rodríguez, estos jóvenes quedan fuera de manera definitiva de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

Ante esto, el abogado Danny Ramírez considera que en estos casos se les violentan sus derechos como estudiantes porque no se realiza “un proceso disciplinario que es el proceso adecuado y explica que el centro de litigio internacional da acompañamiento a las cuatro víctimas.

Denuncia es una prueba de los abusos de la dictadura

“Esta denuncia visibiliza los hostigamientos, amenazas y el exilio al que sometieron a esos jóvenes estudiantes a causa del ejercicio de su derecho a la libre manifestación y asociación”, indica en su denuncia el abogado Ramírez.

Agrega que estas formas de represión son una forma de censurar su liderazgo, y el brazo represor son las  fuerzas policiales y paramilitares que a la fecha se dedican a vigilar, perseguir, amenazar, agredir, e incluso asesinar a varios de ellos.

El experto en Derecho Internacional refiere que entre las expectativas de los estudiantes, víctimas del régimen de Ortega, estos “esperan que los escuchen, porque es el principal derecho que se les violenta”.

“Nadie los escucha porque hay un relato estatal de negación absoluta de la participación de fuerzas policiales y paramilitares en los crímenes de lesa humanidad que ocurren desde año 2018 y se siguen cometiendo”, sostiene Ramírez.

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“El hecho que las universidades tengan una orientación partidaria concreta que no permita a los estudiantes hablar de manera libre, violenta la libertad académica. Es una violación de los derechos de trabajadores, docentes, administrativos, hasta de los estudiantes. Las universidades no pueden elegir orientaciones partidarias ni orientaciones ideológicas”, subraya Ramírez.

La joven Katerine Ramírez, una de las víctimas que denuncian al Estado de Nicaragua, explica que esta denuncia “es una reivindicación a sus derechos y que sienta un precedente para la lucha estudiantil”.