Red Córdoba Solidaria se pronuncia por cierres de ONG defensores de mujeres en Nicaragua

La Red española Córdoba Solidaria lamentó el cierre de organismos que defienden a mujeres y se solidarizó con la sociedad civil organizada del pueblo de Nicargua que hasta la fecha vive una situación de persecución, criminalización y hostigamiento, agudizada desde la crisis socio-política y de graves violaciones a derechos humanos que se inició en el 2018.

En un comunicado emitido este viernes, la red lamentó que el 30 de junio, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Grupo Venancia y en agosto del 2021 fuera ilegalizado el Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

“Ambas organizaciones han trabajado durante décadas junto con organizaciones de nuestra ciudad y han participado presencialmente en espacios de solidaridad en Córdoba como son: los Encuentros Internacionales “Enlazando Culturas”, el Enlace-G, el Ciclo de Talleres “Construyendo desde los Feminismos” y la XXVI Feria de la Solidaridad de Córdoba Solidaria”, indicaron en su comunicado.

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Las organizaciones concentradas en la red agregaron que desde esta conexión, acuerpan y se solidarizan con las organizaciones feministas de Nicaragua, donde ser mujer, feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.

Indicaron que las más de 58 organizaciones feministas defensoras de los derechos de las mujeres ilegalizadas, son organizaciones radicadas en zonas urbanas, rurales y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes, donde llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos.

“La ilegalización de estas organizaciones conlleva que requisen sus bienes, a muchas compañeras al exilio y a la desatención de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad”, lamentaron.

A la vez exigieron al Gobierno de Nicaragua la liberación de las 190 personas presas políticas, entre las cuales hay 18 defensoras de derechos humanos y la mayoría, condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel, por trabajar por la democratización del país.

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Así mismo, la red exigió al regimen de Ortega el respeto de los derechos humanos de la población nicaragüense y la derogación de las leyes restrictivas, incluida la ley de regulación de agentes extranjeros y otras “leyes mordaza” que atentan contra la libertad de expresión y de manifestación pacífica, así como de otros derechos fundamentales.

Agregaron que se permita la entrada de organismos internacionales y el retorno de los organismos nacionales de derechos humanos para hacer un seguimiento de la situación en el país.

“Compañeras, ¡no estáis solas!”, subrayaron.