194 personas denuncian anomalías que garantizaron la farsa electoral en la Costa Caribe

Según el décimo informe de Urnas Abiertas, 194 ciudadanos denunciaron 626 anomalías, irregularidades o violencia política dentro de la farsa electoral, orquestada por el partido de Daniel Ortega en la Costa Caribe y se dividieron reportes desde los 18 de los 20 municipios, entre las regiones del Caribe Norte y Caribe Sur, lo que equivale a un 75% de esta región.

De acuerdo con la información el Ministerio de Salud (Minsa) fue la institución que más puso a disposición, seguido por las alcaldías de cada departamento del territorio, también, el organismo reportó que 311 veces se denunció el uso de vehículos de instituciones públicas trasladando votantes.

72 hechos de violencia en los territorios de la Costa Caribe

“Durante la jornada de votación del 7 de noviembre se registraron 72 hechos de violencia2 política provenientes de ambas Regiones Autónomas y desde 10 de los 20 municipios de la Costa Caribe, lo que representa el 50%”, detalló el organismo en conferencia de prensa.

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Dentro de los datos registrados, los municipios de donde se recibieron reportes de los incidentes fueron: RACCN: Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Siuna, Waslala y Waspán. En 7 de los 8 municipios (87, 5%) y en la RACCS: Bluefields, La Cruz de Río Grande y Nueva Guinea; en 3 de los 12 municipios (25%).

Así mismo, se reportó el traslado de colonos que no estaban inscritos en las zonas antes mencionadas, ni habían cambiado de domicilio antes de los comicios para ejercer su derecho a elegir en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

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Pese a todas estas faltas de requisitos, coordinadores del FSLN, les permitieron votar, inflando de esta manera el voto popular.

“Estos hechos se dieron principalmente en territorio Mayangna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte”, apunta el Colectivo.

Por otro lado, referente a las medidas tomadas frente a la crisis sanitaria que afronta Nicaragua por la pandemia del Covid-19, se detalló que 155 veces no se tomaron en cuenta todas las prevenciones contra esta enfermedad.

“Los municipios desde los que se recibieron reportes sobre la ausencia de medida para la prevención contra la COVID-19 fueron: RACCN: Puerto Cabezas, Siuna, Waspán, Prinzapolka, Rosita, Bonanza, Waslala y Mulukukú. En el 100% de los municipios RACCS: Bluefields, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Bocana de Paiwas y Kukra Hill. En 5 de los 12 municipios (41, 47%)”,plasman los expertos en el documento.

Urnas abiertas recomienda al régimen adoptar medidas legislativas

Urnas Abiertas concluyó que tanto para la Costa Caribe como para todo el territorio nacional, no se constituyó un proceso democrático, ni representación de la voluntad popular de las y los nicaragüenses que ejercieron su derecho a elegir, sin garantías constitucionales a un líder político.

Por último, las recomendaciones que evidencian un gran déficit dentro del sistema democrático, ya antes recalcado por expertos y organizaciones opositoras, dice que “es obligación del Estado de Nicaragua cumplir con sus obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente al caso Yatama vs. Nicaragua del año 2005, específicamente, en lo relacionado con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y al cumplimiento de los derechos políticos e igualdad ante la ley”.

“Al igual que adoptar las medidas legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos, con observancia de las garantías legales y convencionales respectivas, y derogar las normas que impidan la interposición de ese recurso”, plasman.

De igual forma, orientan reformar la Ley Electoral No 331,  para regular el incumplimiento de los requisitos de participación electoral y todo aquello que contravenga la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Es imperativo que el Consejo Supremo Electoral, órgano encargado de administrar el registro ciudadano y el proceso de cedulación, respete el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe y cese los cambios de domicilios de colonos, con claros fines partidarios, para influir en la toma de decisiones a lo interno de los gobiernos regionales y territoriales”, indican.

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Asimismo, enfatizan en que se faciliten las condiciones para el acceso al registro de ciudadanos y solicitud de actas de nacimiento, procesos que deben de llevarse de manera apartidaria y que garanticen el acceso equitativo a toda la ciudadanía, eliminando obstáculos como idioma, distancia o escolaridad para realizar el registro e inscripción.