CIDH pide a Corte IDH ampliar medidas provisionales a cuatro presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este pasado jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales “en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”, a fin de incluir a cuatro personas presas políticas, quienes permanecen en cautiverio dentro del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”, y en el Establecimiento Penal Integral de Mujeres (EPIM) “La Esperanza”, en Tipitapa, Managua.

La CIDH indicó que ninguna de estas personas fueron liberadas en el último grupo de las 135, por lo cual procedieron a otorgarles medidas cautelares tras identificar que cumplían con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Por ello, ahora piden a la Corte IDH responder con el mismo beneficio para estas personas, pues se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos.

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“Estas personas siguen privadas de libertad tras la excarcelación de 135 personas el 5 de septiembre de 2024”, señaló la CIDH.

La Comisión denunció que han procedido a solicitar al régimen sandinista que brinde información sobre las medidas cautelares para los presos políticos, pero no han “recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo, ni tiene información sobre acciones de concertación o medidas de investigación”.

¿Quiénes son los cuatros presos políticos en situación de gravedad?

La CIDH informó que la solicitud es en favor de los cuatro opositores detenidos entre 2021 y 2023, en medio del contexto de criminalización a toda persona identificada o percibida como crítica u opositora al actual gobierno, y que purgan injustas condenas dentro de La Modelo y La Esperanza.

Se trata de Walner Antonio Ruiz Rivera, quien fue deportado el 11 de noviembre de 2021 y desde entonces se encuentra detenido en Nicaragua; y Edgardo Antonio Cárcamo Díaz, apresado el 8 de agosto de 2023 en el parqueo del Multicentro Las Américas, por imprimir en su negocio un banner con el rostro de monseñor Rolando Álvarez.

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Asimismo, Evelyn Susana Guillén Zepeda, quien fue detenida en 2023 durante las fiestas de Santo Domingo de Guzmán por mostrar un cartel pidiendo la libertad de monseñor Álvarez y quien supuestamente se resistió al destierro junto a los 135 presos políticos a Guatemala, y Geovanny Jaret Guido Morales, detenido en enero de 2020, quien durante las protestas de 2018 perdió el ojo izquierdo y fue acusado por la Fiscalía por tráfico de drogas.

“La Comisión consideró la situación especialmente preocupante teniendo en cuenta que las personas propuestas beneficiarias se encuentran en condiciones de detención que las ponen en riesgo, como la falta de atención médica, los alegatos de agresión, intimidación y hostigamientos por agentes estatales y a la limitación de contacto con sus familiares y personas abogadas”, demandó el organismo.