Colectivo de Derechos Humanos registra en su octavo informe 158 casos de torturas en Nicaragua

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó este viernes en Costa Rica, el 8vo Informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, en donde registra al menos 158 casos de torturas perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua en contra de personas consideradas como “opositoras” y tratadas como enemigas y sin derechos, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidas.

El Colectivo de Derechos Humanos explicó que este informe “es producto de la sistematización de 158 casos de víctimas de torturas, de las cuales 130 son hombres, incluyendo 2 menores de edad, y 28 son mujeres, incluyendo una mujer trans.

Estos 158 casos en mención, de quienes el organismo mantiene la confidencialidad de sus identidades por el grave contexto de represión que se vive, cuentan con un expediente interno conformado por diversas piezas como la declaración de las personas excarceladas políticas y/o sus familiares, fotografías, videos, denuncias públicas, expedientes de medidas cautelares y provisionales, entre otros elementos necesarios en la documentación de estos crímenes de lesa humanidad.

LEA MÁS: Lesther Alemán: Rosario Murillo vive un sueño frustrado por no ser presidente

El Octavo Informe del Colectivo, que consta de 20 páginas, evidencia patrones de actuación y formas de torturas, las cuales, ascienden a más de 40 formas o métodos empleados.

“Del total de casos documentados, teniendo como parámetro la intensidad del sufrimiento reportado por cada una de las personas entrevistadas, así como del análisis en conjunto de cada expediente, podemos afirmar que al menos 151 de los 158 sufrieron tortura, y, los 7 restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indica el escrito.

Entre las torturas que el organismo defensor de derechos humanos identifica en su informe están:

1) Condiciones extremas e inhumanas de detención (151 casos)
2) Tratos verbales degradantes (102 casos)
3) Golpizas (130 casos)
4) Amenazas de muerte contra ellos/as y/o sus familiares (84 casos)
5) Desaparición Forzada Temporal (34 casos)
6) Quemaduras (18 casos), choques eléctricos (15) y tortura por suspensión o “colgamiento” (17 casos)
7) Desprendimiento de uñas (7 casos)
8) y simulación de ejecución o asesinato (9 casos)

“Estas prácticas de torturas usualmente comenzaban desde el primer momento de la detención ya que 136 personas, que representan el 86% de los casos, fueron víctimas de detenciones violentas, ya sea por medio de agresiones físicas como golpizas, empujones, arrastramiento, golpes con armas, amenazas con armas, como violencia verbal, tales como amenazas de violación sexual y amenazas de muerte, entre otros”, refleja el informe del Colectivo.

LEER TAMBIÉN:  Encuentros, detenciones, deportación acelerada: así funciona el control fronterizo en EEUU

Así mismo , indica que “estas amenazas o agresiones también fueron proferidas contra familiares, pero, resulta especialmente grave que en medio de estas detenciones, en siete casos se denunciara que los agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños/as (hijos/as o sobrinos/as de las personas detenidas)”.

Las personas detenidas fueron recluidas en diversos centros de tortura; este Colectivo pudo identificar en el presente informe actos de tortura en 33 centros policiales en 29 municipios (14 departamentos), centros clandestinos o irregulares en 8 municipios2, 7 establecimientos penitenciarios, y El Chipote, tanto el viejo como el nuevo.

Mujeres entre las más violentadas sexualmente

En el informe, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más “denuncia la práctica sistemática de la violencia sexual en sus distintas manifestaciones como un patrón sistemático del Estado utilizado por las fuerzas encargadas de las detenciones arbitrarias en el contexto de abril 2018.

De las 113 personas víctimas de violencia sexual el informe incluye a hombres (93/130) y mujeres (20/28). De forma proporcional, el grupo de mujeres reflejó un número más elevado de víctimas, siendo la práctica de violencia sexual exponencialmente más grave en perjuicio de las mujeres.

El tipo de torturas en contra de mujeres que fueron documentadas por el Observatorio se encuentran:

1. Amenazas de matar o quitar a los hijos; 2. Privación medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer; 3. Trabajo forzoso; 4. Desnudez Forzada; 5. Amenazas de violación; 6. Abuso sexual; y 7. Violación sexual.

Además de la toma de fotografías y videos a las mujeres bajo desnudez forzada (4 casos), la práctica de interrogatorios de investigación estando desnudas (3 casos), y finalmente el abuso sexual (10 casos) y desnudez forzada a los que durante las requisas para ingresar a centros de detención fueron sometidas las familiares mujeres (3 casos) de algunos presos políticos.

“El número de formas de tortura perpetradas en relación al número de mujeres presas políticas contra quienes estas fueron infligidas, asciende a 71 actos de violencia sexual y/o de género en perjuicio de 20 mujeres privadas arbitrariamente de libertad (y 13 actos de violencia sexual en perjuicio de 13 familiares mujeres de presos políticos)”, indica el escrito del Colectivo.

La práctica sistemática de violencia sexual en las cárceles de Nicaragua en el contexto antes mencionado constituye el crimen de tortura en perjuicio de 113 víctimas y constituyen también crímenes de lesa humanidad; acciones por las que deberán responder los autores directos e indirectos de estas graves violaciones a derechos humanos que, hasta ahora, el Estado de Nicaragua mantiene en la impunidad.

VER TAMBIÉN: Ortega crea nueva milicia y remueve a jefes policiales por desconfianza política: Samcam

Centros clandestinos de tortura

El Colectivo identificó diversos centros de torturas instaurados en la clandestinidad o irregulares en al menos 8 municipios, los cuales funcionaron casi de forma simultánea y con técnicas similares de torturas.

“Estos reflejan una directriz u orden de las altas esferas del Estado, máxime teniendo en cuenta que casi todas las personas recluidas en esos centros fueron llevadas antes o después a una unidad policial, además, que, en un testimonio se refleja que es la propia policía quien trasladó a un detenido a dicho centro clandestino”, resalta el escrito.

En el departamento de Carazo, el Colectivo identifica 3 centros clandestinos o irregulares de detención por medio de los testimonios de las víctimas, uno de ellos se encuentra ubicado cerca de donde era la garita de la estación policial de “Las 4 Esquinas”, a las afueras de Diriamba; otro fue la municipalidad de Diriamba, en el cual retuvieron a una persona por algunas horas, previo a su traslado a la estación policial de Jinotepe, y por último, se referenció una propiedad ubicada cerca del “Hogar Pajarito Azul”, camino al “Ojochal”, en una zona poco poblada y relativamente alejada del centro del municipio

En Managua, indica, que eran a menudo propiedades o casas “particulares”, en zonas urbanas; en al menos 3 de esos 7 casos se obtuvieron puntos relativamente cercanos; una persona identificó el centro clandestino en una propiedad ubicada en “El Carmen”3, sector donde habita la pareja presidencial, otra persona externó que su centro clandestino se ubicaba a aproximadamente siete minutos de Molinos Francis Número 14; y, por último otra persona tomó como punto de referencia el “Bar El Almendro”5, sin referir mayor ubicación; en este último caso la persona denunciante iba huyendo de sus captores, por lo que no logró recordar más.

LEA: Guaidó sobre comicios en Venezuela: “Nos preparamos para un escenario como el de Nicaragua”

“Tanto los centros clandestinos como “El Chipote viejo” se erigieron como uno de los mayores centros de tortura en el país”, resalta el Colectivo, quien logró recopilar 89 casos de víctimas de torturas y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, en este centro con mayor número de casos reportados.

Identifican a perpetradores de torturas entre ellos extranjeros

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más identifica en su informe a posibles perpetradores de torturas. De los 158 casos documentados logró identificar a 156 perpetradores o personas implicadas en la detención y posterior práctica de tortura, la mayoría de las cuales tienen denuncias múltiples.

“Estas 156 personas perpetradoras o implicadas en la detención, han sido identificadas con nombres, cargos y ubicación al momento de la detención y/o la tortura, por lo que es importante mencionar que se cuenta con un subregistro de personas que solo se logró obtener una descripción física de ellas o de algunos rasgos característicos como el ser extranjero”, establece el informe.

La cadena de mando identificada por el Colectivo en la Policía Nacional es muy amplia y completa, desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución, siendo este el Primer Comisionado Francisco Díaz, quien fuera denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político, además de ser el Director de la institución policial que es la principal denunciada de prácticas sistemáticas de tortura.

Además de 9 comisionados generales, siendo estos: Comisionado General Fidel Domínguez (León), Comisionado General Luis Barrantes (Masaya), Comisionado General Pedro Argueta (Carazo), Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas (DAJ-Chipote), Comisionado General Marvin Castro (Jinotega), Comisionado General Adolfo Marenco, Comisionado General Juan Valle Valle, Comisionado general Vladimir Cerda Moraga y Comisionado General Ramón Avellán.

“Los Comisionados en mención fueron denunciados por amenazar a las personas presas políticas, ordenar su detención y/o dirigir las prácticas de tortura, entre las cuales se encontraron golpizas, quemaduras, desprendimiento de piezas dentales, tortura por suspensión, condiciones inhumanas, entre otras”, dice el escrito.

De igual manera, refiere que actuó el Sistema Penitenciario Nacional, contra el cual se cuenta con denuncias de sus dos máximas autoridades, siendo esta el Prefecto Julio Orozco, quien fuera identificado realizando amenazas de muerte a presos políticos, incluso de desaparecerlos, y, el Sub-Prefecto Venancio Alanís, ligado a requisas abusivas y a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 2019 y la ejecución de don Eddy Montes, eventos ya abordados anteriormente, así como hechos individualizados como golpizas o amenazas de muerte.

Alcaldes también figuran entre los torturadores

En el informe destacan que en este contexto de planificación entre los distintos niveles e instituciones participes de la tortura, se lograron identificar a seis alcaldes, que durante 2018 a 2019, realizaron actos de vigilancia, amenazas e incluso ordenaron la detención de ciertas personas; entre ellos se encuentran:

1) Alcalde de Nagarote Juan Gabriel Hernández Rocha

2) Alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón

3) Evert López, Alcalde de El Rosario

4) Alcalde de San Carlos Johnny Gutiérrez

5) Alcaldesa de Ticuantepe, Ligia Ramírez

6) Alcalde de Tipitapa César Vásquez Valle

La forma de actuación y cantidad de personas perpetradoras dan cuenta de una política de Estado encaminada a garantizar una práctica de detenciones y torturas de manera generalizada y sistemática.

El organismo señala que, si bien la mayoría de personas identificadas son parte de la Policía Nacional, las detenciones que ella realizara serían menores si no tuviera todo el apoyo del aparataje estatal dedicado a reprimir y vigilar a las personas consideradas como opositoras.

Diputados y funcionarios estatales también torturaron a manifestantes

Así mismo, identifica a más torturadores tales como una gran cantidad de grupos e instituciones encontradas que han trabajado al servicio de las detenciones y práctica de tortura; dentro de las instituciones estatales y otros poderes, nos encontramos a un diputado nacional por la bancada del FSLN, diputado Filiberto Rodríguez, funcionarios del Ministerio de Educación, del Instituto de Seguridad Social, e inclusive, se cuenta con una denuncia contra el Tesorero General del Estado, licenciado Juan José Montoya Pérez, quien ordenaría su detención y agresiones.

La sistematicidad de la tortura necesariamente implica el involucramiento de una gran cantidad de personas, es por ello que no sólo se han identificado perpetradores como agentes policiales, penitenciarios o paraestatales, sino, que, a toda la estructura que hace posible tanto las detenciones como la práctica de tortura en el país.

LEA MÁS: ONU y CIDH preocupados por situación de “extrema urgencia” de indígenas en Nicaragua

“La coordinación entre Jefe Policial, Jefe del Sistema Penitenciario, Diputado, Tesorero General, Alcaldes, Concejales y otros trabajadores de instituciones públicas solo puede ser posible si existe una directriz única que los compela a trabajar de forma coordinada para un fin único, las detenciones y torturas a las personas presas políticas”, destaca el informe.

Agrega que teniendo en cuenta el contexto nicaragüense y la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo, se puede categóricamente afirmar que la responsabilidad máxima del establecimiento de una política de terror estatal basada en la tortura recae sobre la pareja presidencial, es decir, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana.

“Reiteramos como principal conclusión que, en Nicaragua se mantiene una sistemática persecución, criminalización y castigo, para lo cual existe toda una maquinaria estatal y paraestatal que por acción u omisión son responsables también de crímenes de lesa humanidad y en el caso concreto del delito internacional de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, método extremo de terror y parte de las graves violaciones a los derechos humanos, en perjuicio de la población nicaragüense”, concluye el escrito.