Unamos interpone Recurso por inconstitucionalidad contra Ley Especial de Ciberdelitos
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El grupo Unamos interpuso este martes, ante la Corte Suprema de Justicia, un Recurso por Inconstitucionalidad en contra la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley N° 1042, conocida popularmente como Ley Bozal.
Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández, Violeta Mercedes Granera Padilla y Aura Aragón fueron lo firmantes de dicho instrumento legal, quienes consideran que la recién aprobada ley violenta garantías, derechos y disposiciones constitucionales, incluyendo los de seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura, entre otros.
“En nuestro carácter personal y de conformidad con el artículo 187 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los artículos 63 al 74 de la Ley Nº 983, Ley de Justicia Constitucional, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, N°. 247, de 20 de diciembre de 2018, que nos faculta para interponer el presente Recurso, respetuosamente nos dirigimos a ante ustedes para interponer recurso por inconstitucionalidad contra los artículos 8, 10, 21, 30 y 39 de la Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos (en adelante, la Ley, o Ley No. 1042)” cita el recurso interpuesto.
Para Unamos , con esta ley la dictadura de la familia Ortega Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización de periodistas, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho de libre expresión y de libertad de prensa.
“Con este recurso, de nuevo, venimos a dejar constancia de la ilegalidad de esa “Ley Mordaza”, de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia está obligada por ley, a actuar cautelando nuestros derechos, no avalando los instrumentos represivos de la dictadura. Esta es una ley ilegal e ilegítima. Los y las nicaragüenses no estamos obligados a acatarla y no lo haremos. La Ley Mordaza es ilegal y no la acataremos”, reza el pronunciamiento emitido por el grupo.
Para los firmantes lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía se exprese en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de las libertades, de democracia y de justicia.
