Control de la publicidad y recaudación garantiza Ortega con “Ley de Rótulos”
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Oficialmente entró en vigencia este jueves la “Ley de Rótulos” aprobada en la Asamblea Nacional por diputados del oficialismo y aliados el pasado 10 diciembre; la legislación tiene como finalidad dominar la publicidad que se coloca en pancartas, mantas, paredes, vallas, techos, vehículos etc.
“El objeto de la presente Ley es establecer el marco jurídico para regular la publicidad en los municipios del país” reza la publicación de la Gaceta, Diario Oficial.
La Ley consta de 30 artículos en los que se establecen la clasificación de la publicidad, las tarifas de los impuestos, tasas municipales, exoneraciones, prohibiciones y sanciones, las últimas dos de discernimiento absoluto de la dictadura sandinistas y sus alcaldías.
Tarifas a cobrar
Entre las prohibiciones existen algunas que buscan despejar zonas transitadas por vehículos y transeúntes cuya aglomeración de objetos publicitarios obstaculicen o causen percances viales. Pero hay una parte que debe verse con lupa y que orienta a pensar en acciones políticas de represión y violación a los derechos humanos.
“cuando su contenido gráfico y/o mensaje escrito promueva actuaciones o ideas contrarias a la Ley, la moral y las buenas costumbres”. se lee.
Esos conceptos abren la puerta a interpretaciones y manejo del referido árticulo para criminalizar las protestas ciudadanas en las que se use pancartas, papeletas o cualquier elemento en el que se exija justicia, democracia, libertad de presos políticos, entre otras demandas alzadas como estandarte por opositores y autoconvocados. Pulperías y viviendas comunes
Las pulperías (ya golpeadas por los efectos económicos de la pandemia) así como viviendas que coloquen publicidad cualquiera pagaran un determinado monto del cual las alcaldías se tomaran la tarea de aplicársele y cobrársele.
Los carteles, papeletas, afiches entre otros pegados en la pared frontal de su vivienda también tendrán que pagar un impuestos que lo manejará de acuerdo a sus criterios las municipalidades, ello resta o limita que los ciudadanos puedan manifestarse en su propia vivienda.
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