Dictadura expone reforma anti-electoral al sector privado y la Policía Nacional

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó con el proceso de “consultas” sobre la reforma anti-electoral a la constitución con reuniones dirigidas al sector financiero y a la Policía Nacional el jueves, 30 de julio, ampliando el listado de instituciones convocadas para respaldar los cambios que pretenden aprobar para los primeros días de septiembre.

Las consultas forman parte del cronograma anunciado por Murillo el pasado 27 de julio, cuando informó que la iniciativa sería discutida durante un mes con distintos sectores antes de ser remitida al plenario de la Asamblea Nacional.

La codictadora adelantó desde entonces que entre los participantes estarían el Ejército, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, el sistema financiero, empresarios, gobiernos municipales, organizaciones religiosas y otras estructuras vinculadas al Estado.

En la jornada del jueves, la comisión especial de la Asamblea Nacional recibió primero a representantes del sector financiero y posteriormente sostuvo un encuentro con la jefatura de la Policía Nacional, institución señalada por organismos internacionales como uno de los principales ejecutores de la represión política desde 2018.

Otra reunión el viernes, 31 de julio, involucró a representantes del sector privado.

Tras las tres reuniones, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, reiteró que el objetivo de la reforma es fortalecer el denominado modelo del “pueblo presidente”, garantizar la “estabilidad, la paz y la seguridad” y establecer un sistema electoral que responda exclusivamente a los intereses definidos por la dictadura.

Al igual que en las consultas anteriores, no se divulgaron propuestas concretas de articulado ni se permitió conocer observaciones o cuestionamientos por parte de los asistentes. Las comparecencias han sido presentadas por los medios estatales como reuniones de respaldo a una reforma cuyo contenido definitivo continúa sin hacerse público.

La participación de la Policía ocurre apenas dos días después de que el Ejército también fuera incorporado al proceso. En esa ocasión, el jefe militar, general Julio César Avilés, asistió al encuentro y respaldó el proyecto, aunque la institución castrense evitó pronunciarse públicamente sobre el contenido de las reformas y en sus canales oficiales continuó difundiendo únicamente actividades rutinarias, entrenamientos y actos institucionales.

El fin de las elecciones

El proceso fue anunciado pocos días después de que Ortega declarara, durante el acto del 19 de julio, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición intentara llegar al poder. Sus palabras provocaron condenas de gobiernos hispanoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

Posteriormente, Murillo intentó matizar esas declaraciones al asegurar que sí habrá elecciones, pero únicamente procesos “propios”, organizados bajo las reglas definidas por el régimen y orientados, según dijo, por la “democracia del pueblo presidente”.

Desde entonces, la Asamblea Nacional sostiene que las consultas buscan construir un nuevo modelo electoral que sustituya el esquema vigente y admiten que están acatando las órdenes de la pareja presidencial.

Hasta ahora, las autoridades no han explicado aspectos fundamentales de la reforma, como el mecanismo mediante el cual se renovarán los nuevos mandatos de siete años para las autoridades nacionales y municipales, ni los cambios específicos que se introducirán en el sistema electoral, el funcionamiento de los poderes del Estado o el papel de los partidos políticos.