Dictadura defiende entrega del territorio a las mineras de China
Las mineras chinas en Nicaragua han sido señaladas de apoyar las operaciones de minería ilegal en Costa Rica.
Actividades de minería en Mulukukú. Imagen de referencia.
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La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo defendió su política de entreguismo del territorio a la minería extranjera por medio de una nota de prensa de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) publicada el sábado, 21 de febrero, en respuesta a supuestas “publicaciones mal intencionadas que buscan desinformar”.
En el documento, las autoridades califican los acuerdos bajo los cuales han entregado cerca del 16.7% de la superficie terrestre en el país como “estratégicos para el desarrollo económico del país” y aseguran que responden a una “visión de protección y aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales“.
Pero no reconocen en ningún momento las preocupaciones sociales y ambientales que han surgido en Nicaragua y en países vecinos. Desde 2022 y hasta finales de 2025, el régimen ha entregado para la minería más de un millón de hectáreas de territorio nacional, la mitad de estas apartadas para empresas de capital chino.
Estas concesiones han sido autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM, transferida a la PGJ en febrero de 2026), en zonas de gran valor ecológico, incluyendo partes de la Reserva de la Biósfera del Río San Juan, en la frontera sur con Costa Rica, donde grupos ambientalistas han advertido sobre riesgos al medio ambiente y a comunidades indígenas y campesinas afectadas.
Contrario a lo que asegura en el comunicado, la dictadura ha incurrido en el incumplimiento sistemático de la Consulta Previa, Libre e Informada que establece la ley, violentando además los derechos de autogestión reconocidos a los pueblos del Caribe nicaragüense, según denuncias de organizaciones no gubernamentales
El propio patrón de expansión minera ha sido cuestionado por la falta de transparencia en la asignación de permisos, que la dictadura niega en su comunicado.
Estudios recientes señalan que concesiones gigantescas han pasado a manos de empresas como Zhong Fu Development, Thomas Metal y Brother Metal, sin antecedentes claros de operaciones mineras significativas y operando con estructuras corporativas poco accesibles al escrutinio público.
Costa Rica afectada
Recientemente, el gobierno de Costa Rica ha denunciado la participación de estas empresas de capital chino en un esquema de minería ilegal que afecta territorio costarricense cerca de la frontera con Nicaragua. El 16 de febrero, el ministro costarricense de Seguridad, Mario Zamora, lo denunció públicamente ante la Asamblea Legislativa de ese país.
Según Zamora, estas empresas de capital han propiciado, y se han beneficiado en consecuencia, de un incremento del 200% de las operaciones de extracción ilegal en el área de Crucitas y Las Conchuditas, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, según un informe oficial de la institución.
“En este momento hay empresas asiáticas, del otro lado del río San Juan, comprando esos sacos de tierra y su técnica extractiva permite extraer hasta el 95 por ciento del oro que hay en ese saco“, dijo el ministro. Las autoridades costarricenses estiman ahora unas 3 mil hectáreas de territorio costarricense comprometidas por la minería ilegal.
El presidente Rodrigo Chaves se comprometió públicamente a denunciar esta situación ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro futuro, con la esperanza de que el líder intervenga para solucionar la problemática, a la vez que insta al Legislativo costarricense a acceder a legalizar la minería a cielo abierto en las zonas afectadas para expulsar a las operaciones ilegales.
