CIDH otorga medidas cautelares a los 9 presos políticos acusados por la Masacre del 19 de julio
Los nueve presos políticos fueron inculpados por una masacre que, más de una década después, sigue sin esclarecerse.
Ocho de los nueve acusados por la masacre del 19 de julio, 2024, al ser exhibidos en su proceso judicial.
- Cortesía
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares para nueve presos políticos acusados y condenados falsamente por la dictadura sandinista de haber perpetrado una masacre el 19 de julio de 2014 contra simpatizantes sandinistas.
Las medidas fueron otorgadas por medio de la Resolución 93/25, con fecha del viernes, 12 de diciembre. La solicitud había sido recibida el 1 de noviembre de 2024 de parte de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización no gubernamental que aboga por las víctimas del sistema judicial de la dictadura sandinista.
La Comisión consideró que los nueve presos políticos se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” en la que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran amenazados. La CIDH destacó que la dictadura no respondió a ninguna de las solicitudes de información sobre los detenidos que esta realizó.
La Comisión reconoció que “los beneficiarios se encuentran sin acceso a atención médica adecuada para tratar sus afectaciones de salud y en condiciones precarias de detención. Además, estarían siendo objeto de amenazas por parte de los agentes penitenciarios“.
Los nueve beneficiarios son:
- Walter José Balmaceda Ruiz,
- Jairo Alberto Obando Delgadillo,
- Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo,
- Zacarias Cano Angulo,
- Rosendo Antonio Huerta González,
- Leonel Antonio Poveda Palacios,
- José Olivar Meza Raudez,
- Wilfredo Balmaceda Castrillo,
- José Ricardo Cortez Dávila
En muy pocas veces han recibido atención médico, como en el caso de Balmaceda Castrillo, quien recibió atención médica en 2017 por su padecimiento de diabetes. Entonces su abogado debió solicitar en tres ocasiones dicha atención. El detenido luego recibió atención en 2020, cuando contrajo COVID-19 y mostró afectaciones en el corazón.
Estos presos políticos se encuentran en condiciones inhumanas, en celdas “extremadamente calientes (en verano con más de 40 grados Celsius); tienen poca ventilación al poseer una o dos ventanas de aproximadamente 30 cm x 10 cm, a una altura de 2 metros; desde 2020 tienen cámaras de seguridad que interrumpe su privacidad cuando hacen sus necesidades fisiológicas; hay muchos zancudos y cucarachas; no cuentan con inodoro, sino solo con un hoyo conectado a una tubería que genera mal olor, y en ese mismo espacio del hueco los presos tienen que bañarse; y las condiciones son insalubres, lo que incluso genera alergias en el cuerpo“, según la denuncia de la UDJ.
En su resolución, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias”. Hasta la fecha, la dictadura sandinista no ha acatado ninguna medida cautelar extendida por la Comisión.
Los nueve han sido reconocidos como presos políticos por haber sido implicados en aquella masacre en un ejemplo temprano de instrumentalización del sistema judicial por parte de la dictadura. A la fecha, las circunstancias de aquella masacre no han sido esclarecidas plenamente por las autoridades sandinistas.
