Corte Suprema ordena anular prisión preventiva por delitos “menos graves”
La medida forma parte de una estrategia de la dictadura documentada desde hace años en beneficio de los delincuentes.
Corte Suprema de Justicia en Managua
- Medios Oficialistas
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a las cortes menores del país no extender la medida de prisión preventiva en casos de delitos menores o cuando el imputado sea de la tercera edad o presente una condición de salud severa, según figura en una circular emitida por la institución el 24 de noviembre y filtrada por la prensa independiente.
La orden fue firmada por los magistrados Marvin Aguilar y Juana Méndez en medio de un proceso de cooptación del tribunal supremo por orden de la codictadora Rosario Murillo, en la que cinco magistrados fueron obligados a renunciar de sus puestos para abrir paso a una nueva judicatura leal a Murillo.
La circular establece que los adultos mayores “afectados en su salud por enfermedad crónica grave o en fase terminal“, deberán contar con dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML) para beneficiarse de estas medidas cautelares y evadir la cárcel, una medida dictada por la autoridad competente “asegurando la presencia del acusado en las audiencias”.
Esta medida es consistente con la política suave de la dictadura sandinista contra el crimen en el país, que ha incluido la excarcelación de más de casi 61 mil reos comunes en los últimos diez años, incluyendo a 8400 desde enero de 2025. La codictadora Murillo enmarca estas políticas como una opción “humanitaria”, a pesar del rechazo de la población.
Es también difícil de precisar qué considera la dictadura un “delito menos grave“, puesto que entre los 61 mil excarcelados se han documentado a asesinos, abusadores, violadores y narcotraficantes, entre otros delincuentes que según la legislación vigente no deberían poder recibir el beneficio de convivencia familiar extendido por la dictadura.
Ninguno de estos beneficios será extendido a los más de 70 presos políticos reconocidos por el Mecanismo para el reconocimiento de los presos políticos de Nicaragua, al estar casi todos recluidos por el delito de “traición a la patria” fabricado por la dictadura sandinista como una ofensa de alto nivel.
