Grupos de Expertos denuncia por primera vez a la dictadura sandinista ante la ONU

El abogado y defensor de derechos húngaro Reed Brody denunció los crímenes de lesa humanidad perpertrados por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la LXXX Asamblea General de Naciones Unidas este jueves, 30 de octubre. Brody había anunciado que la crisis de derechos humanos estaría en agenda a principios de octubre.

“Se trata de la persecución de toda voz disidente, desde ejecuciones sumarias, sobre todo en 2018, hasta torturas y deportaciones. Por ejemplo, la privación arbitraria de la nacionalidad de 492 personas que fueron formalmente designadas como traidores a la patria y despojadas de su nacionalidad“, apuntó el defensor.

En base a los hallazgos del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), del cual Brody es integrante, el abogado detalló las cuatro fases represivas que el Estado sandinista ha ejecutado desde 2018, comenzando por la violencia directa y generalizada de ese año que dejó al menos 350 asesinatos a manos del Estado.

“En una segunda fase, ya con la oposición activa aniquilada, la represión fue más selectiva, enfocada en detenciones arbitrarias, juicios injustos, revocación de la personalidad jurídica de partidos de oposición, detención de candidatos y líderes cívicos, y cierre y confiscación de medios de comunicación“, explicó.

La siguiente fase se desarrolló a partir de 2022 con la erradicación total de la oposición política organizada y de sectores sociales con capacidad movilizadora. “Se clausuraron miles de organizaciones sin fines de lucro y los pocos medios de comunicación independientes restantes”, agregó Brody.

La actual modalidad de represión combina la centralización del poder estatal, a través de reformas y purgas al aparato de gobierno sandinista. Al mismo tiempo, nota Brody, la represión se ha expandido incluso fuera de Nicaragua bajo modalidades denominadas “represión transnacional“.

“Se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para quienes se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo“, condenó el abogado, notando el asesinato del mayor del Ejército Popular Sandinista (EPS) en retiro y crítico férreo de la dictadura, Roberto Samcam, en junio de este año.

“El Estado y el partido gobernante Frente Sandinista prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro” de Nicaragua, donde “el sistema judicial es tan depredador y la represión tan fuerte que las familias de los desaparecidos, ya angustiadas, enfrentan aún más represión si buscan a sus familiares”; y fuera de Nicaragua, donde la Seguridad e Inteligencia sandinistas “monitorean física y digitalmente a los nicaragüenses en el exterior y la policía coordina con el ejército, comparten perfiles de disidentes, interceptan comunicaciones y datos sobre movilidad en Costa Rica, España, México y Estados Unidos para identificar a personas a vigilar“.

Dictadura cada vez más aislada

Por todo esto, Brody insistió, un país o grupo de países habría de llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violar los derechos humanos de su propia población. Esta es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó al GHREN comparecer ante la Asamblea General, según destacó el abogado.

“El Gobierno de Nicaragua se encuentra cada vez más aislado diplomáticamente; la condena internacional contra sus prácticas es cada vez más universal. Aunque Nicaragua se retire de otros órganos” —como hizo con el Consejo en febrero de este año y con “casi todos los organismos de supervisión interncional”—. “en la Asamblea General, por primera vez, la Comunidad de las Naciones tiene al país bajo la lupa“.

“Por eso es tan importante que por primera vez presentemos nuestro informe a la Asamblea General, que es un órgano universal del que Nicaragua no puede retirarse, donde debe escuchar las críticas y que representa un nivel mucho mayor de escrutinio”, concluyó Brody.

Otros integrantes del GHREN, como Jan-Michael Simon, intervinieron ante la Asamblea. Simon consideró “trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea General como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el estado de derecho y las instituciones democráticas“.

La dictadura sandinista, por su parte, se limitó a cuestionar la legitimidad del GHREN y de los mecanismos internacionales para la protección de derechos humanos.