Wilfredo Suazo, padre de Yubrank Suazo, preso político de la dictadura de Daniel Ortega, aseguró que no le han permitido ver a su hijo desde su detención la madrugada del pasado 18 de mayo, cuando un fuerte despliegue policial irrumpió violentamente su vivienda, en la ciudad de Masaya.

Suazo dijo en entrevista a Nicaragua Actual, que conoció “por algunos comentarios” que el reo de conciencia se encuentra bien de salud; sin embargo, a pocos días de cumplir un mes de su violenta aprehensión, imploró a las autoridades a que, en un período muy cercano, le permitan visitarlo para conocer su condición física.

“Desde el 18 (de mayo) que se lo llevaron de aquí de la casa, nosotros no lo hemos podido ver. El abogado (Maynor) Curtis sí lo vio en la primera audiencia, platicó con él, le manifestó que estaba espiritualmente bien, que estaba fuerte moralmente y que nos mandaba a orar mucho”, manifestó Suazo.

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Al ser cuestionado sobre las acusaciones a su hijo de parte del régimen sandinista por la supuesta comisión del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, respondió que “es inocente de todo lo que se le acusa porque creemos que no es delito decir ‘quiero democracia'”.

“Esperemos les den una alimentación adecuada que les permita soportar el encierro, (ya que) el encierro debilita. Estamos esperando la segunda audiencia”, añadió Suazo.

El pasado 31 de mayo, las autoridades judiciales dieron inicio a la primera audiencia en contra del preso político de Masaya, en la cual no fue posible la presencia de sus familiares y se le negó la solicitud de medida cautelar.

Dicho proceso se realizó en secreto en las mazmorras de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “el Nuevo Chipote”, en Managua y fue dirigido por la verdugo de las personas presas políticas, la jueza Nadia Tardencilla.

Primera detención de Yubrank Suazo

Yubrank Suazo fue detenido por primera vez en 2018, tras el inicio del estallido socio-político. En ese momento fue acusado por los supuestos delitos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y de entorpecimiento de servicios públicos.

En junio de 2019 fue liberado luego que la oficialista Asamblea Nacional aprobara la Ley de Amnistía por orden de Daniel Ortega.

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