Un año ha transcurrido desde que el gobierno de los Estados Unidos, por primera vez en su historia, gestionó en tiempo récord el recibimiento de 222 excarcelados políticos de la dictadura de Nicaragua, quienes entre asombro y alegría revivieron su libertad al salir de las mazmorras de Ortega y Murillo. A bordo de un avión que nombraron el “vuelo de la libertad”, lograron aterrizar en Washington D.C., a primera hora de ese día.

El grupo formado por 189 hombres y 33 mujeres, se encontraba encarcelados purgando condenas injurias de hasta 15 años de prisión impuestas por supuesto ciberdelito y traición a la patria. Durante meses fueron sometidos a duras condiciones carcelarias, torturas físicas y psicológicas en las prisiones del Complejo Judicial de Managua, conocido como “El Chipote”.

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La liberación del grupo fue motivo de festejo para exiliados nicaragüenses, familiares y amigos cercanos de los ex prisioneros políticos, aunque también fue un sabor amargo de destierro. Gobiernos como el de España, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y países aliados de Ortega como Colombia y Brazil, saludaron y aplaudieron la liberación de los reos de conciencia.

Un millón de dólares en gastos

Estados Unidos dijo que la decisión fue tomada por el régimen sandinista y que el gobierno de Joe Biden solo gestionó la recepción, la ayuda humanitaria y la asistencia legal para los nicaragüenses expulsados, operativo que costó alrededor de un millón de dólares según indicó este pasado jueves el subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EEUU, Enrique Roig.

En rueda de prensa, el funcionario estadounidense indicó que en un periodo de tres días el Departamento de Estado con el apoyo de “los colegas” en la Embajada de los Estados Unidos en Managua, ONG y gobiernos aliados, gestionaron todo tipo de ayuda para recibir al grupo de los 222: atención médica inmediata y recursos de bienestar.

El gobierno estadounidense logró reservar los cuartos de hotel para cada uno de los ex prisioneros de Ortega. Además, preparó una recepción, teléfonos celulares con internet para cada uno de ellos, ropa, productos de higiene personal y más. “Se trajo a un psiquiatra clínico para brindar atención psicosocial inmediata a los ex prisioneros”, recordó.

“El gobierno proporcionó seis meses de apoyo para el caso de miembros del grupo para atención médica, salud mental y apoyo psicosocial, vivienda, asistencia legal y otras necesidades. El departamento de salud sigue este proceso a través del programa de sobrevivientes de torturas. También trabajamos con el Departamento de Seguridad para acelerar las autorizaciones de trabajo para el grupo”, detalló.

Operación “exprés”, así la bautizaron

Por su parte, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó que el proceso de recibimiento y salida del grupo de los 222, entre ellos ex funcionarios sandinistas defenestrados por los mismo de «El Carmen», fue una operación que se llevó a cabo en tiempo exprés, sin atrasos y con éxito.

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Explicó que en esos días de operación se involucraron agencias del gobierno y la misma Casa Blanca, además de “aliados de la sociedad civil”, quienes permitieron acelerar los procesos de llegada de los 222 nicaragüenses, por quienes la comunidad internacional intercedió para lograr su liberación.

“Fue un caso bastante único (para Estados Unidos). Fue algo impresionante (la ayuda rápida) y aprendimos mucho de esta experiencia que nos servirá para otros casos”, mencionó.

Sanciones siguen vigente

El subsecretario adjunto también dijo que las sanciones siguen siendo “las herramientas más importantes para la rendición de cuentas tanto de Nicaragua como de América Latina”. Hace un año, Estados Unidos reafirmó que las “sanciones y otras restricciones siguen vigentes” contra la dictadura de Ortega, que ha recrudecido la represión en contra del pueblo nicaragüenses, sobre todo, en contra de la iglesia católica y sus autoridades.

Aunque “hay contacto entre EE.UU. y el régimen de Ortega y Murillo (…) siempre estamos pensando en cómo utilizar todas las herramientas que tenemos para promover la democracia y los derechos humanos”, indicó el funcionario estadounidense sin detallar si el gobierno de Joe Biden discute sobre más sanciones para funcionarios orteguistas.

Sin nacionalidad nicaragüense

El destierro del grupo de los 222 fue la última esperanza de los Estados Unidos para sentarse a dialogar con Nicaragua. En ese entonces, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo haber hablado con su homólogo de Nicaragua  Denis Moncada sobre «la importancia del diálogo constructivo” tras la liberación de los ex reos de conciencia, en su mayoría detenidos en 2021 previo a las votaciones generales en las que Ortega y Murillo se adjudicaron la victoria sin competencia política.

«Después de la liberación ayer de 222 presos políticos nicaragüenses, hoy habló con el ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense (Denis) Moncada sobre la importancia del diálogo constructivo para construir un futuro mejor para el pueblo nicaragüense», afirmó Blinken en su cuenta de X.

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Días después, el 15 de febrero de 2023, el régimen de Ortega desnacionalizó y ordenó robar las propiedades en Nicaragua del grupo de los 222. Al estilo de la década de los 80, Ortega volvió a “piñatearse” las casas, empresas y demás propiedades de opositores desterrados del país. Ante este desfalco e ilegal situación apátrida, países como Chile, España y Colombia se comprometieron con conceder la ciudadanía a los opositores de Ortega.

Más de 100 apátridas naturalizados por España

Solo el gobierno de España del presidente Pedro Sánchez, ha concedido la ciudanaía a más de una centena de nicaragüenses apátridas por el régimen sandinista. Según recuentos oficiales, España ha naturalizado de forma paulatina entre 2023 y 2024 a 110 opositores a Ortega, entre estos, escritores, periodistas, politólogos, religiosos y defensores de derechos humanos.

El último grupo nacionalizado español fue de 13 nicaragüenses, entre ellos el ex candidato presidencial y ex reo político, Juan Sebastián Chamorro. La concesión de nacionalidad se ha realizado por carta de naturaleza, un trámite excepcional y mucho más rápido que los cauces habituales, que evita que estas personas prolonguen su situación de apátridas durante mucho tiempo.

Otros trabajando para sobrevivir

Desde el retorno a una aparente «libertad», muchos de los 222 han seguido trabajando desde los diferentes espacios políticos para denunciar las arbitrariedades del régimen de Nicaragua, pero otros han recurrido al trabajo diario y han sufrido el desempleo. Este es el caso del líder campesino y ex aspirante presidencial, Medardo Mairena, un humilde hombre con costumbres sencillas y sin la agilidad de poder aprender el idioma inglés.

Además de Mairena, existe otros casos de opositores que se han enfrentado a delicados problemas de salud, como ha sido el caso de Kevin Solís, un joven activista que estuvo atrincherado en la UNAN-Managua y torturado por paramilitares y policías, lo cual le ha costado su salud al desencadenarle padecimientos graves que aún le aquejan desde su exilio.

Al día de hoy, no hay una respuesta clara de qué ha sido de muchos de ellos. Incluso, este jueves los funcionarios estadounidenses se limitaron a decir que la información de sus registros de inmigración, así como su ubicación, no puede ser revelada «por razones de privacidad y protección”, además que son registros confidenciales y exclusivamente del gobierno de los Estados Unidos.

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No obstante, el politólogo y ex reo político, Félix Maradiaga, reveló a EFE que la mayoría de los 222 están en Estados Unidos, sobre todo en Florida, Virginia, Maryland o California, y que “dos o tres se fueron a México y unos cinco están en Costa Rica”.

Muere uno de los 222

El pasado 25 de enero, los 222 despidieron a uno de sus legendarios luchadores por la libertad y la democracia de Nicaragua. Se trata del ex reo político y último presidente del extinto Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy, quien falleció en Panamá producto de un infarto.

La justicia sandinista, lo había condenado a 13 años de cárcel junto a Álvaro Vargas, su vicepresidente, a quien le impusieron una sentencia de 9 años. Desde su llegada y recuperación a los Estados Unidos, hace un año, el empresario nicaragüenses decidió irse a vivir a Panamá. Amigos cercanos y del grupo 222, lamentaron su muerte y destacaron su valioso aporte a la “lucha cívica” en Nicaragua.

“Me duele mucho tu partida Mike. Te nos fuiste sin poder recibir justicia para vos y tu familia. Descansa en paz, donde vas no hay dolor, no hay tiranos ni dictaduras. Un abrazo enorme al valiente nica-irlandés. ‘El tranque está en El Carmen’ valientemente les dijiste”, publicó en X Juan Lorenzo Holman, también ex reo político de Ortega y director del diario La Prensa.

Abogan por los presos políticos

El subsecretario adjunto recordó que Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de los derechos humanos, sobre todo con el pueblo nicaragüense que sufre la embestida represiva de Ortega y Murillo.

Por ello, recordó que el gobierno de Biden sigue presionando para lograr la libertad de los más de 100 presos políticos que aún permanecen encerrados en las mazmorras de Nicaragua por injustas razones.

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