Urnas Abiertas fue una de las organizaciones que estuvo presente en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se abordó la situación de Nicaragua y las graves violaciones de derechos humanos que sigue sufriendo el pueblo nicaragüense.
Urnas Abiertas denunció ante la CIDH el fraude electoral cometido en Nicaragua el pasado 7 de noviembre y afirmó que el régimen Ortega-Murillo, en su afán de instalarse indefinidamente en el poder, utilizó diferentes mecanismos que aniquilaron por completo la legitimidad del proceso electoral y conllevó a graves violaciones de los derechos humanos.

“El Poder Electoral, como parte de la estrategia represiva de la dictadura, eliminó toda competencia electoral, restringió la participación política y es el máximo responsable del fraude fraguado”, dijo Urnas Abiertas.

Ligia Gómez representante de Urnas Abiertas, dijo durante esta audiencia que en consecuencia, en las elecciones pasadas, se consolidó un sistema represivo que derivó en la supresión de facto de los canales democráticos para la transición política, extendiendo ilegítimamente, el mandato del régimen. expresó

Durante el proceso electoral del 2021, Urnas Abiertas, en conjunto con organizaciones políticas y defensoras de derechos humanos, registró irregularidades, delitos electorales y violaciones a los derechos humanos entre ellos: Detenciones arbitrarias de personas candidatas y de otros liderazgos opositores, la prohibición del derecho a la protesta pacífica, además de la censura al pluralismo, el incremento de la represión y del asedio, la persecución, el uso de la prisión política y el desplazamiento forzado de personas opositoras y de periodistas.

Igualmente, Gómez detalló que se observó la utilización de interdicciones ilegales, la cancelación arbitraria y nula de 3 partidos políticos de oposición y la aprobación de una contrarreforma electoral, violatoria de las libertades fundamentales.

“En la verificación ciudadana y el día de la votación se comprobó la eliminación de centros de votación, la presencia de irregularidades en la cedulación, el uso abusivo de recursos públicos con fines político-electorales y el control de todo el sistema electoral por el partido gobernante”, dice esta organización.

En resumen, se logró sistematizar la falta de condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerciera su derecho al sufragio, como se ha podido evidenciar en los informes del  colectivo “Un plan doloso para acabar con la democracia y “Radiografía de la farsa electoral”.

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