CIDH y sus Relatorías condenan represión a la libertad académica tras robo de la UCA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), condenaron este pasado martes las medidas represivas del régimen sandinista en contra de la libertad académica tras el robo de la Universidad Centroamericana (UCA) y el desalojo forzado de sacerdotes de la Compañía de Jesús.

Mediante un comunicado de prensa, la CIDH se pronunció en rechazo a lo que llamó “interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua”, en referencia a la “cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la UCA”.

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La CIDH confirmó que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre el desalojo de seis integrantes de la Compañía de Jesús y la confiscación arbitraria de la residencia Villa del Carmen, comunidad donde vivían los jesuitas trabajadores en la UCA, tras la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de la universidad.

“El cierre de esta Universidad, además de afectar a por lo menos 5 mil estudiantes, tiene un grave impacto para la sociedad nicaragüense en su conjunto”, reiteró el organismo regional de derechos humanos.

“La CIDH y sus Relatorías Especiales observan que desde el 2020 otras 25 universidades fueron cerradas mediante la cancelación de su personería jurídica, lo que ha afectado a más de 37 mil estudiantes”, agrega.

Dictadura crea centros de adoctrinamiento

La CIDH reiteró que se han recibido “denuncias sobre el adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política”, como ocurrió con el recinto universitario robado a la UCA.

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Además, denunció las detenciones arbitrarias en contra de las jóvenes estudiantes, Adela Espinoza y Gabriela Morales, por parte de agentes de la sancionada Policía al servicio de la dictadura.

“La CIDH alerta a la comunidad internacional el cierre o cancelación de universidades u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como una forma de represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno constituye otro patrón más del cierre de los espacios cívicos en Nicaragua”, señala.

Asimismo, urgió al régimen de Daniel Ortega “a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efectos la cancelación de la personería jurídica de Universidades y centros académicos”, además instó a la dictadura “a devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados”.

“En virtud de los principios de igualdad y no discriminación, solidaridad y cooperación internacional, la CIDH y sus Relatorías Especiales exhortan a los Estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para personas estudiantes y académicas nicaragüenses afectadas”, finaliza el comunicado.