Opositores expatriados: Confiscación de sus bienes es una “venganza caprichosa”

Como una “venganza caprichosa” calificó un grupo de opositores expatriados políticos el accionar de la dictadura sandinista contra 222 expatriados y desnacionalizados, quienes recientemente fueron víctimas de confiscación por órdenes de la pareja Ortega Murillo.

Esto “corrobora el uso sistemático del poder judicial como mecanismo de represión”, firmaron los excarcelados, quienes aseguraron que el régimen sandinista aún mantiene abiertos los juicios su contra “para satisfacer el ánimo de venganza, caprichos y frustraciones de los dictadores”.

Declararon que los juicios contra estos 222 opositores fue una “violación de las garantías del debido proceso”, mediante acusaciones de hechos falsos, fabricación de pruebas por la policía y el ministerio público, presentadas en audiencias rápidas y secretas realizadas en “El Chipote”.

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Los prisioneros fueron privados a ser defendidos por un abogado acceso “con ocultamiento de las causas a las defensas; con prisión preventiva y tramitación compleja improcedentes, dictados sin indicios de comisión de delito. Las resoluciones de culpabilidad fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos”.

En la misiva, los opositores ratificaron que el “principio legal universal de in dubio pro reo, por el que una norma posterior solo puede aplicase cuando beneficia al reo, ha sido violado. Tanto los supuestos delitos, como las penas a las que aún se sigue condenando mediante resoluciones en juicios legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos, no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia firme”.

Los opositores denunciaron que meses después de ser liberados y acusados por “traición a la patria”, fueron inmovilizados para ejercer cargos públicos, así como el decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica.

La dictadura sandinista está “violentando otro principio universal y fundamental del derecho que establece que la pena no trasciende de la persona del condenado y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes”, enfatizaron.

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“La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos, y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción, en el marco de la continuada persecución contra ciudadanos/as sometidos por el tenebroso sistema penal nicaragüense a un verdadero linchamiento judicial, producto del odio contra quienes, en unión de miles de compatriotas, han demandado respeto a los derechos humanos, elecciones libres, libertad, democracia y transparencia”, denunciaron.

El comunicado fue firmado por 74 opositores de los 222 expatriados políticos en febrero pasado.