Régimen admite acusación contra monseñor Álvarez y gira orden de captura para el padre Vallejos

La justicia al servicio de la dictadura de Daniel Ortega dictó este martes prisión domiciliar para el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, quien desde el pasado 5 de agosto se encuentra secuestrado y es investigado por la Policía Sandinista por supuestamente “ejecutar actos de odio”.

Mediante una nota de prensa se informó que este 13 de diciembre, en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, se admitió acusación presentada por agentes sandinistas del Ministerio Público en contra del obispo católico, quien es reconocido por sus constantes críticas en contra de la pareja dictatorial Ortega Murillo.

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Las autoridades judiciales han acusado al jerarca católico por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y por “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.

Las acusaciones presentadas en el proceso político que mantiene el régimen contra el religioso católico representan el mismo “machote” que la justicia sandinista ha utilizado contra más de dos centenares de prisioneros políticos.

Dictadura pide a la Interpol detener al padre Vallejos

Asimismo, el Poder Judicial dictó orden de captura para el sacerdote de Sébaco, en Matagalpa, el padre Uriel Vallejos, quien fue víctima de asedio, persecución y secuestro policial en la casa cural de su parroquia. La justicia lo acusa por los mismos delitos que se le imputan a Monseñor Álvarez.

Tras haber sido enviado al exilio en meses pasados, el régimen sandinista giró ante la INTERPOl la orden de captura del sacerdote católico, quien ha tenido que salir para resguardar su seguridad ante las amenazas de muertes y de secuestro de la policía sancionada, y que ahora la justicia lo señala de “prófugo de la justicia”.

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En el caso del obispo de Matagalpa, la judicial ordenó el nombramiento de su defensa mientras dictó arresto domiciliar a la espera de la audiencia inicial que fue programada para el próximo 10 de enero de 2023.