La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó este jueves 25 de agosto, a través de un allanamiento en Nicoya, Guanacaste, la desarticulación de una organización criminal de trata de personas con fines de explotación sexual, entre los cuales se detuvieron a tres personas de origen nicaragüense.

Según información de las autoridades policiales, la organización era liderada por un sujeto de apellidos Herrera Jiménez y su pareja sentimental de apellidos Villarreal Sandoval, funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social, su hija de apellidos Herrera Villarreal y su yerno de apellidos Monge Salas, todos de nacionalidad costarricense, así como a 3 cómplices nicas de la organización.

La investigación inicia en marzo de este año tras recibir una denuncia, que determina que Herrera Jiménez, con participación de su grupo familiar y tres cómplices de apellidos Ortega Hernández, Martínez Arias y Cascante Pérez (de nacionalidad nicaragüense), sometían a las víctimas a realizar labores sexuales en un establecimiento que se localiza contiguo al Maxi Palí de Nicoya.

Las víctimas permanecían en el lugar bajo engaño, coacción, amenaza, y los delincuentes se aprovechaban de su vulnerabilidad.

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“Herrera Villarreal y Monge Salas se encargaban de administrar el establecimiento, llevar el control y los tiempos de las mujeres víctimas por los servicios sexuales y la función de sus cómplices era reclutar, controlar e intimidar a las víctimas, mediante ofensas, amenazas y maltratos. Inclusive estos realizaban rifas entre los clientes del lugar, cobrando a mil colones el número y como premio daban licor y servicios sexuales de las víctimas”, indica la nota de prensa policial.

El Comandante Alonso Soto, Subdirector de la Policía Profesional de Costa Rica afirma que la institución profesional de Migración con esto viene a dar un gran golpe a una estructura dedicada a la trata de personas con fines sexuales y poder poner en un sitio seguro a las víctimas del delito.

“A las mujeres nicaragüenses se logra identificar que las sometían amenazándolas de que por su nacionalidad y por estar en condición migratoria irregular, serían entregadas a las autoridades para un proceso de deportación”, indica Soto.

La institución policial detalla además que el allanamiento policial abarca el complejo donde se encuentra el establecimiento o bar donde se ofrecían los servicios de las víctimas, cabinas donde presuntamente ocurrían los encuentros sexuales, así como una casa de habitación.

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Reclutamiento

Los criminales reclutaban a las víctimas a través de medios tecnológicos y de terceras personas que ofrecían trabajo en el establecimiento comercial; ellas, por su situación de vulnerabilidad accedían y ya estando en el lugar, las obligaban a realizar el servicio sexual, aún cuando sus condiciones de salud no eran las óptimas.

Además las mujeres las sometían a mecanismos de control, no podían salir sin autorización y, en caso de hacerlo, debían cancelar una multa a los administradores del local. Las sometían a actos sexuales contra su voluntad y pagaban por el uso de la electricidad y acceso a agua potable.

La nota policial también detalla que en el allanamiento localizan a 12 víctimas, de nacionalidades costarricenses y nicaragüenses, a quienes les brindan atención inmediata y asistencia correspondiente por las autoridades competentes.

Las víctimas extranjeras se encontraban en condición irregular en el país, lo cual aumentaba su vulnerabilidad ante los tratantes.

A Herrera Jiménez, Herrera Villarreal, Monge Salas, Martínez Arias y Cascante Pérez los detienen en el lugar, mientras que a Ortega Hernández y Villarreal Sandoval los detenienen en sectores de Alajuela y San José respectivamente.

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A todos los criminales los remiten a la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y podrían enfrentar una pena de seis a diez años de prisión, según se tipifica en el artículo 172 de la Ley N°4573, Código Penal de Costa Rica.

“Desde la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la Policía Profesional de Migración, mantenemos el compromiso permanente en combatir todas las actividades criminales que giran entorno al fenómeno migratorio, en especial la trata de personas como uno de los delitos que afecta a poblaciones vulnerables”, indican autoridades policiales.

Además piden a la población reportar casos sospechosos llamando al 911 o denunciar llamando al 2106-4005, 2106-4001, o bien escribir al correo electrónico “denunciatrataytrafico@migracion.go.cr”.

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