Policía Orteguista captura a miembro de mara salvatrucha en Managua
Este es otro salvadoreño capturado en Nicaragua y que tiene vínculos con las pandillas de El Salvador.
Carlos Roberto del Cid Cruz, miembro de la Mara Salvatrucha de El Salvador.
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La sancionada Policía de Nicaragua informó sobre la captura del salvadoreño Carlos Roberto del Cid Cruz y/o Daniel Antonio del Cid Cruz, miembro de la Mara MS-13.
Según un comunicado de la Policía, el sujeto posee antecedentes y está circulado por homicidio tentado y homicidio agravado. Ahora el salvadoreño deberá enfrentar a la justicia de su país.
El individuo fue capturado el miércoles 15 de mayo, por una patrulla policial que realizaba labores de vigilancia en la vía pública, al ver al hombre en actitud sospechosa fue detenido y remitido a una delegación donde se inició con las investigaciones del caso.
La detención ocurrió en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro, en Managua. Este es otro salvadoreño, que tiene vínculos con las pandillas y es capturado en territorio nicaragüense.
Entregan a sujeto autoridades salvadoreñas
Luego de su captura, la Policía administrada por la dictadura de Daniel Ortega, coordinó con la Oficina del Interpol para América Central, que tiene su sede en San Salvador, la entrega del detenido a la Policía Nacional Civil de ese país.
El gobierno de Nayib Bukele, impulsa una “guerra” contra las pandillas desde el 27 de marzo de 2022, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, al amparo de un cuestionado régimen de excepción que permite hacer arrestos sin orden judicial.
Según investigaciones de las autoridades de ese país, las pandillas se financiaban cobrando extorsiones a miles de salvadoreños, principalmente comerciantes y transportistas, y algunos de los miembros de esos grupos han huido a países vecinos para intentar evitar su detención.
¿Pandillas o derechos humanos?
El régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022, abrió las puertas a graves violaciones de los derechos humanos como homicidios y torturas a personas privadas de la libertad, desapariciones forzadas, uso desproporcionado de la fuerza, allanamientos ilegales y violaciones al derecho al debido proceso de los detenidos.
Los salvadoreños están pagando un precio elevado por la sensación de seguridad mientras el Estado de derecho se desmantela sin haber tocado las causas estructurales de la violencia.
Desde esa fecha se ha suspendido formalmente el derecho de las personas detenidas tanto a ser informadas sobre las razones de su detención como de tener una defensa.
El plazo de la detención administrativa se extiende a 15 días y se elimina la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones; sin embargo, el régimen de excepción abrió las puertas a supuestas violaciones a los derechos y libertades fundamentales.
De inmediato, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a realizar capturas indiscriminadas y sin investigaciones previas, sin órdenes administrativas o judiciales de detención. Según cifras oficiales, a julio de 2023 se habrían detenido 71.479 personas bajo el régimen de excepción, incluso menores de edad, con lo cual El Salvador llegó a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con cerca del 2% de su población adulta.
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