Jueza sandinista Ulisa Tapia liberó al asesino de las dos niñas por otro delito en 2021

El principal sospechoso de ser el asesino de dos niñas de Ciudad Belén, Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años de edad, fue procesado a mediados del 2021 por el delito de robo con violencia y poco tiempo después lo liberó la jueza sandinista Ulisa Yahoska Tapia Silva, verdugo de reos políticos y sancionada por Estados Unidos, según información del medio aliado 100% Noticias.

El 28 de julio del año 2021, a Lara Ortiz lo acusan por el delito de robo con violencia en perjuicio de una mujer a quien este sujeto agredió cuando ella se encontraba revisando su celular en las afueras de su casa, ubicada en el barrio Concepción de María, por el sector del mercado El Mayoreo, agrega 100% Noticias.

Dos meses y 10 días después, la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, quien se ensaña condenando a los reos políticos de la dictadura, absuelve y liberó al presunto asesino Lara Ortiz, según constató 100% Noticias en el expediente judicial del ahora señalado de matar a las dos hermanitas de Ciudad Belén.

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A criterio de la abogada Yonarki Martínez, en su entrevista al medio aliado, si se hubiera aplicado correctamente la ley en el caso de robo agravado de Lara Ortiz, el atroz crimen de las dos hermanitas de Ciudad Belén se habría evitado.

“Miramos resoluciones aberrantes como absoluciones en delitos graves como robo agravado, este es un claro paso de la administración de justicia tan corrupta, en este caso me refiero al que investigan y luego absuelto por el Poder Judicial”, subraya Martínez y añade que esto “es consecuencia de una jueza que lo liberó, comete un error al no aplicar la ley de forma correcta”.

Así mismo, Martínez señaló en su entrevista al medio 100% Noticias que Rosario Murillo violó la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia la mujer al revelar la identidad de las menores, víctimas del atroz asesinato.

“Es una clara señal del irrespeto de la ley que nos dice que se debe proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de un delito. Recordemos que la Ley 779 nos señala a los medios de comunicación y todas las entidades, que deben de respetar y evitar la publicación de nombres, evitar las fotografías o nombres y fotografías de familiares”, detalló la abogada.

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La experta en Derecho afirmó además que los niños y niñas de Nicaragua han sido víctimas del Estado desde el momento en que los ha dejado en indefensión.

“En los últimos años la niñez es víctima del Estado a causa de la represión del año 2018, en donde se asesinaron a varios niños en diferentes circunstancias, a manos de policías y paramilitares. Las instituciones del Estado tienen el deber de resguardar, de proteger e implementar políticas en cuanto a la protección de la niñez”, advirtió Martínez.