Las nuevas disposiciones migratorias para que los solicitantes de refugio en Costa Rica puedan adquirir un permiso laboral en ese país son casi imposibles de cumplir, pues los deja contra la espada y la pared y además vulnera sus derechos como migrantes, así lo calificó en entrevista a Nicaragua Actual, Jhoswell Martínez, Presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU).

De acuerdo a la reforma migratoria firmada por el presidente Rodrigo Chaves en noviembre del 2022, los migrantes que han solicitado refugio en ese país no tienen derecho a laborar por un período de tres meses a partir de su solicitud como refugiado, lo cual los deja en una situación de calle, según califica Martínez.

Este martes 24 de enero, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica indicó en su portal informativo que todo solicitante de refugio, para poder obtener un permiso laboral, debe hacerlo tres meses después de la presentación de su solicitud de refugio.

Así mismo, la institución aclara que el documento provisional extendido por las autoridades de Migración le da al solicitante de refugio un estatus de regularización temporal, pero no le da derecho de laborar en el país.

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Agregado a esto, las autoridades migratorias exigen a los migrantes que deben estar afiliados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y con las respectivas cuotas al día, tanto para el otorgamiento del permiso laboral por primera vez como para su renovación.

Todas estas disposiciones son calificadas por Jhoswell Martínez, Presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), como una violación a los derechos humanos de los migrantes que sobreviven en la calle, por cuenta propia, con los pocos ahorros que tienen.

“Esto es una cuestión que deja en vulnerabilidad a las personas y que puede dejar en  situación de calle a un montón de personas más”, resaltó Martínez.

Martínez añade que el condicionamiento de una categoría para laborar cuando se es una persona solicitante de refugio, también violenta el Derecho Internacional, puesto que las personas que necesitan el refugio tienen que sobrevivir de algo y el Estado no les está dando esa dependencia de sobrevivencia y tampoco les está dando una donación, por tanto, tiene que permitirles laborar.

“Están violentando tanto derechos humanos como vulnerando a las personas y obligándolas a estar en situación de calle y sufrir hambre, en especial cuando son niños y mayores”, señaló Martínez.

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Exponen a padres a ser separados de sus hijos 

En referencia a lo anterior, el presidente del ASIDEHU advierte que los padres y madres, solicitantes de refugio, con estas medidas podrían encontrarse en situación de calle y son expuestos con estas disposiciones a que el Estado, a través del  Patronato Nacional de Infancia (PANI), pueda intervenir y retirarles a los menores de edad.

“Es un arma que se puede utilizar de dos maneras y que vulnera aún más al migrante…lo expone a situaciones en las que pueden separar a las familias, a separar a los menores de sus padres y que puedan sufrir, incluso, algún tipo de enfermedad, puesto que no se están alimentando”, advirtió.

Para Martínez, esta es una situación que representa una alerta para las personas defensoras de derechos humanos, porque evidencia la condición de cero sobrevivencia de los migrantes solicitantes de refugio en Costa Rica.

“¿De qué va a sobrevivir la gente si el Estado no les está garantizando el derecho a trabajar y buscarse por su propia cuenta el plato de comida? ¿Qué se va a hacer entonces?”, cuestionó Martínez.

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