La dictadura de Daniel Ortega acusó a cuatro trabajadores del diario La Prensa, entre ellos una periodista, por la supuesta comisión del delito de “conspiración” o “traición a la patria”, dos meses después que fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía Sandinista luego de dar cobertura a la expulsión de Nicaragua a las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta.

La acusación fue presentada desde el pasado 29 de septiembre por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, reconocida operadora sandinista que emprendió una persecución contra los medios independientes en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, incluso amenazando a periodistas con aplicarles la ley de ciberdelitos, o mejor conocida ley mordaza.

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La dictadura dio inicio al proceso en contra de una periodista, la asistente de Redacción y dos conductores del diario La Prensa, quienes fueron secuestrados por la Policía Sandinista a inicio del pasado mes de junio y llevados a El Chipote, provocando también el exilio forzado de todo el personal de este medio impreso considerado el más grande y antiguo de Nicaragua.

Según la acusación del Ministerio Público, el estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense figuran como las víctimas de los acusados. El juicio está actualmente en trámite y la causa se encuentra radicada en el Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezhda Úbeda Obando.

Ortega contra la libertad de Prensa

La jueza sandinista es la encargada de llevar el caso de los cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo, quienes junto a monseñor Rolando Álvarez permanecieron secuestrado en la Curia Episcopal de Matagalpa y acusados por la policía sancionada de “organizar grupos delictivos”.

La Prensa ha sido objetivo de ataques de parte del régimen tras la confiscación de facto de sus oficinas en Managua, donde el régimen construirá el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.

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La toma de La Prensa fue liderada por la Policía sancionada llevándose detenido a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien fue condenado a nueve años de prisión por supuesto lavado de dinero. Estas medidas represivas de la dictadura han sido catalogadas por la comunidad internacional como graves violaciones a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua.

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