Régimen exige a quienes ocupan bienes confiscados formalicen “su estatus ocupacional”

La Procuraduría General de la República (PGR) informó esta tarde de miércoles que todos los bienes confiscados a quienes perdieron su nacionalidad nicaragüense por orden de la dictadura, ya han sido registrados como parte del Estado, por lo cual solicita a quienes actualmente ocupan dichos inmuebles, se presenten para “formalizar su estatus ocupacional”.

Mediante un comunicado, al institución controlada por el régimen sandinista, confirmó que los bienes de las 317 personas nicaragüenses apátridas desde el 9 de febrero cuando la dictadura desterró a 222 ex reos políticos, ya fueron suscritos a nombre del Estado en base a “Resoluciones Judiciales emitidas por Jueces de Distrito Penal, que fueron dadas a conocer por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM)”.

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A la lista del 9 de febrero, se suman 94 nicaragüenses más que fueron declarados “traidores” y despojados de su ciudadanía bajo el amparo de la Ley 1055 y Ley 1145, el 15 de febrero.

“Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua, su estatus ocupacional”, dicta la misiva divulgada en medios propagandísticos de la dictadura sandinista.

La nueva notificación del régimen está dirigida a las personas (naturales so jurídicas) que se encuentren en uso y goce de dichos bienes confiscados, mediante diferentes figuras jurídicas, como: arriendo, usufructo y otras similares.

“Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas”, agrega el comunicado.

Dictadura “piñata” bienes de opositores

El pasado 15 de febrero, el magistrado presidente del TAM, Ernesto Rodríguez Mejía, dio lectura a la nueva resolución que se suma al destierro de 222 ex reos de conciencia de Nicaragua. El funcionario sandinista aseguró que en conformidad a la ley 1055 y ley 1145, proceden a despojar de su nacionalidad de forma inmediata a 94 opositores a Daniel Ortega, exiliados en el extranjero.

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De esta manera, el régimen sandinista oficializó el “decomiso” inmediato de los bienes de las personas apátridas y acusada por “traición a la patria”. El magistrado indicó que los inmuebles pasarán a manos de la administración de Ortega y Murillo.