El presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, aseguró en entrevista al programa Panorama Nicaragua que la decisión del nuevo director del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), César Zamora, de retomar negociaciones con el régimen sandinista, es una estrategia poco segura que “no está siendo respaldada por los empresarios y las diferentes cámaras”.

El pasado 21 de junio, Zamora aseguró al Canal 12 de televisión que continúan reestructurando las finanzas y mantienen constantes reuniones de consenso entre las diferentes cámaras aglutinadas en este conglomerado empresarial, el gobierno de Daniel Ortega y las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Esta decisión dada a conocer en medio de tensas relaciones de la dictadura sandinista con la empresa privada desde 2018, resulta -a criterio de García- un intento de reanimar los esfuerzo para avivar el modelo de diálogo que traía el empresariado nicaragüense con el Estado y a través del cual se manejaban “millones de dólares en consenso con ellos y los réditos económicos eran fabulosos”.

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“Me parece una solemne falta de respeto decir que Nicaragua requiere de una estabilidad económica. Este señor (Zamora) no sé en qué país vive o a quién está representando, pero claramente no está siendo respaldado por los empresarios y las diferentes cámaras”, señaló García.

¿Está siendo presionado el Cosep para dialogar con el régimen?

El presidente de Hagamos Democracia sostuvo en cadena de medios con 100% Noticias, Despacho 505 y Nicaragua Actual, que la cúpula empresarial busca “llamar la atención pública del régimen”, luego de varios años de distancias y sin negociaciones entre ambas partes y a casi un año que el presidente y vicepresidente del Cosep fueran encarcelados y enjuiciados por delitos inventados por la dictadura para reprimir a la población.

“Yo lo que creo que está pasando es que la cúpula empresarial, como está invisibilizada por Ortega, me da la impresión que la estrategia del nuevo presidente del Cosep es llamar la atención públicamente al régimen para ver que dádivas económicas pudiese obtener, de cara a los beneficios económicos”, añadió.

Al ser consultado sobre cuáles son los temores y las presiones que el conglomerado empresarial reúne para decidir ir a diálogo y consenso con el régimen, el experto puntualizó que existen concesiones mineras y eléctricas que juegan un papel muy importante para la empresa privada en Nicaragua y que pueden ser sustituidas -si así lo decide Ortega- para representarlas otros empresarios que sean leales al régimen.

Además, aseguró que este temor de la empresa privada puede resultar un cambio estratégico de la comunidad internacional, pues al reunirse y dialogar con el régimen, estarían avalando y legitimando la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, misma que la comunidad internacional reprobó tras la farsa electoral de noviembre pasado.

No habrán sanciones a la empresa privada en Nicaragua, asegura experto

Sobre apremiantes sanciones a la empresa privada de Nicaragua, García valoró que no es posible debido a que “no es el enemigo”, sin embargo, evidenció el grado de responsabilidad que tuvo este conglomerado durante el fallido diálogo nacional y su intento por dirigir la oposición en el país.

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“Quedan mal ante la comunidad internacional; el Cosep está como Ortega, no quieren quedar bien con la comunidad internacional. El Cosep quiere quedar bien con Ortega”, manifestó García mientras reconoció como uno de los mayor temores para la economía, la salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mejor conocido como CAFTA.

Por su parte, la investigadora y socióloga nicaragüense, Elvira Cuadra, en entrevista anterior a Nicaragua Actual, señaló que se trata de “una conversación limitada de dos actores partes de una élite” en medio de dos incertidumbres; el contexto y la necesidad de Ortega de “darse legitimidad”.

La especialista considera que el dictador nicaragüense es una clase de mandatario que se mantiene en el poder a base de “chantaje y extorsión” y ejemplificó la libertad de las personas presas políticas como un condicionante para que la comunidad internacional otorgue legitimidad a su nuevo período de Gobierno y levante las sanciones en contra de sus funcionarios.

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