CIDH otorga medidas cautelares a Reinaldo Picado, opositor campesino con orden de extradición a Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este 25 de noviembre una orden que otorga medidas cautelares al opositor Reinaldo Picado, tras considerar que se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia” ya que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un “riesgo de daño irreparable”.

Según la resolución, “el beneficiario se encuentra en riesgo de tortura si regresa a su país de origen, Nicaragua, y ya cuenta con una decisión de extradición debido a la imputación de diversos delitos en su contra”.

Reinaldo Picado Miranda, es un campesino opositor nicaragüense que está siendo acusado por el régimen sandinista, por el asesinato de la oficial Aracely Marisol Díaz Salinas de 20 años y Pedro Pablo Chavarría Rivas de 56 años, en Río San Juan.

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Junto a él, también fue acusado el opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno, quien ya fue extraditado por las autoridades costarricenses en febrero del año pasado.

En el caso de Picado, este todavía se encuentra en trámite una solicitud de refugio, ante el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica.

Varios organismos de Derechos Humanos, se han pronunciado sobre el caso y señalan que la actitud del Gobierno de Costa Rica, es totalmente «irresponsable» ya que se trata de dos opositores, quienes han alzado su voz por la defensa de la democracia en el país.

Por su parte, la CIDH requirió que se tome en cuenta realizar un minucioso análisis sobre la extradición y la protección internacional invocada por las autoridades nicaragüenses, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

El Estado además solicitó que la CIDH proceda al archivo de este asunto dado que la solicitud de refugio del señor Picado está pendiente de resolución por parte del Tribunal Administrativo Migratorio.

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La organización defensora de los derechos humanos, también solicitó a Costa Rica que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Picado Miranda. En particular, absteniéndose de deportar, expulsar o extraditar a la persona beneficiaria hacia Nicaragua hasta tanto las autoridades internas de Costa Rica competentes, administrativas y/o judiciales, no hayan debidamente valorado, conforme a los estándares internacionales aplicables y el principio de non-refoulment, el alegado riesgo que enfrentaría su derecho a la vida y la integridad física al ser privado de libertad en Nicaragua bajo el actual contexto del país”.