Nicaragua entre los primeros países más corruptos de Latinoamérica, según Transparencia Internacional

Nicaragua bajo el dominio de la dictadura sandinista, fue situada entre los primeros siete países más corruptos de Centroamérica y el segundo de Latinoamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 presentado este martes por Transparencia Internacional (TI).

Según el IPC en el sector público, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Nicaragua obtuvo 17 puntos al igual que Corea del Norte, Guinea Ecuatorial y Haití.

Nicaragua solo es superado por Yemen con 16 puntos, Venezuela, Siria y Sudán del Sur con 13 puntos cada uno; y Somalia con 11 puntos.

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otros que se encuentran en la lista de países más corruptos es Cuba con 42 puntos, Colombia con 40, Argentina con 37, Brasil con 36, República Dominicana y Panamá con 35 cada uno, Ecuador con 34, Perú con 33, El Salvador y México ambos con 31 puntos, Bolivia con 29 y Paraguay con 28.

“Venezuela, Haití y Nicaragua presentan los puntajes más bajos, con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial”, señala el informe de el IPC.

Ambos países en dictadura han permanecido entre los primeros del listado como los gobierno sujetos a corrupción, pues en ambas naciones no existe separación de poderes, sino que reina la ilegalidad, control y sumisión por parte de instituciones que deberían de ser democráticamente autónomas.

Falta de justicia aporta a la corrupción 

La falta de independencia judicial, es una de las principales causas que aportan al aumento de la corrupción en un país, alertó el IPC.

La impunidad y la incapacidad de jueces y fiscales para procesar con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley, “desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura”.

Ante la falta de justicia y seguridad en el país, el organismo lamentó que los más afectados “son los más pobres y los grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las minorías sexuales y las personas migrantes. Estos grupos a menudo experimentan discriminación cuando intentan obtener justicia”.

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Por tanto, la falta de independencia judicial frena el combate a la corrupción porque “debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común”, advirtió.

La organización también explicó que otro factor que facilita la corrupción en América Latina y el Caribe, es la influencia indebida por parte de élites políticas y económicas.