CIDH otorga medidas cautelares a Mons. José Leonardo Urbina de Boaco, reo político

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de la ciudad de Boaco, quien fue el segundo cura detenido en Nicaragua en el marco de la campaña de desprestigio de la dictadura sandinista en contra de la iglesia católica desde 2018.

Desde el pasado 9 de octubre, la CIDH aprobó la Resolución 58/2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares para el religioso tras “considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.

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El organismo regional reconoce al sacerdote católico como un reo de conciencia de la dictadura sandinista, y no como un preso común como lo presenta el Poder Judicial, amañado por el régimen, que lo acusó de supuesta violación en perjuicio de una menor de 14 años y utilizó al juez Edén Aguilar, Tercero de Violencia de Managua, para condenarlo a una pena de 30 años de prisión.

Desde entonces, el sacerdote católico permanece en cautiverio dentro de las mazmorras del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, en Tipitapa, Managua, a pesar de padecer una serie de afectaciones de salud. La defensa del sacerdote reiteró que el curo no cuenta con “atención médica básica, especializada o medicamentos”.

“La CIDH consideró que José Urbina Rodríguez se encuentra en una situación de riesgo frente a la falta de acceso a atención médica y tratamientos necesarios para atender sus padecimientos; así como la falta de información sobre sus condiciones de reclusión actual por parte de las autoridades estatales”, alerta el organismo de derechos humanos.

Piden valoración médica para el religioso

El religioso de 51 años habría sido detenido en julio de 2022, luego de recibir una citatoria para presentarse a la estación policial de la localidad y responder a una supuesta denuncia de violación, convirtiéndose así en el segundo sacerdote arrestado en Nicaragua por la dictadura de Ortega en el marco de la persecución y el hostigamiento político en contra de la iglesia católica.

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Por ello, la CIDH urgió al régimen sandinista “adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia” y garantice el “acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud”.

Además, demanda a la dictadura que se cerciore garantizar “el acceso a los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos” y “el contacto regular y acceso con sus abogados y representantes”.

Asimismo, que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.