MTI obliga a interlocales a borrar el nombre de UCA y amenaza con quitar concesiones

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), al servicio de la dictadura, exigió a los transportistas, dueños de unidades interlocales, a que borre el nombre de la confiscada UCA y poner en su lugar “Casimiro Sotelo”.

El MTI amenazó a los transportistas que de no acatar las exigencias de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se les estaría suspendiendo sus concesiones de viaje.

Los transportistas están “contra la espada y la pared” y para no perder sus viajes tendrán que borrar el nombre de la UCA de sus unidades y volver a rotularlas con el nombre de “Casimiro Sotelo”, aunque en la realidad, durante su trayecto de viaje se sigue escuchando:  “Managua, la UCA”.

Dueños de cooperativas sandinistas ya han iniciado a rotular las unidades de transporte con el nombre de la nueva universidad, instalada en lo que fue la UCA, luego que esta fuera saqueada.

VEA MÁS: Ministerio de gobernación cancela Personalidad Jurídica de la UCA

La dictadura despojó y confiscó la UCA, embargó sus cuentas bancarias y ocupó todos sus bienes inmuebles. En menos de 24 horas de la ilegalidad, el régimen sandinista ha desmantelado todo lo que ve a su paso, no sólo la eliminación de las letras en la fachada del recinto, sino también la eliminación de los correos instituciones de los estudiantes para el acceso a las plataformas virtuales de aprendizaje y ahora obliga a borrar el nombre de esta universidad de las unidades de transporte.

El Ministerio de Gobernación (MIGOB) al servicio de la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficializó la cancelación de la Universidad Centroamericana (UCA) mediante una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta este 18 de agosto.

LEA ADEMÁS: Dictadura manda a remover letras de la Universidad Centroamericana tras confiscación

En la resolución, la dictadura sandinista ratifica la acusación fabricada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este 15 de agosto, donde señalan a esta institución educativa jesuita de supuestamente funcionar «como un centro de terrorismo, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon de métodos terroristas en el país».

La dictadura también acusó a la Universidad de supuestamente haber «transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de Educación Superior, al violentar la paz, la soberanía, independencia y autodeterminación», por eso, se ordenó la cancelación de Personalidad Jurídica conforme a lo establecido en la Ley No. 1115.