Estados Unidos sanciona este 19 de Julio a funcionarios sandinistas por corruptos y antidemocráticos

El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emitió este miércoles 19 de Julio más sanciones a funcionarios sandinistas por haber cometido actos de corrupción antidemocráticos y socavar los derechos humanos de los nicaragüenses.

Las sanciones son emitidas por los Estados Unidos en el día en que la dictadura celebra el 44 aniversario de lo que fue la Revolución Popular Sandinista.

Los funcionarios sandinistas sancionados corresponden a los nombres de Wendy Carolina Morales Urbina, la actual fiscal general de Nicaragua, quien socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando la oficina del Fiscal General para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal.

“Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación”, indica el informe.

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Así mismo, Arling Patricia Alonso Gómez , la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien es señalada de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

De igual forma, aparece sancionada la orteguista Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.

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Además de Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, quien socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

El falso opositor, Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, también sancionado por socavar los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Jueces entre los sancionados

Otra de las sancionadas se trata de Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, quien socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.

Aparece también en la lista de los sancionados, Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, por socavar los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.

Denis Membreño Rivas , actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna.

Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.

Valeria Maritza Halleslevens Centeno, la actual directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.

Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.

Marta Mayela Díaz Ortiz , actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.

Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.

El informe al Congreso estadounidense sobre las medidas restrictivas indica que estas se están aplicando a las personas extranjeras que, a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, no sólo de Nicaragua, pero también otros funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.