Sentencian a 10 años de cárcel y “pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos” a un campesino de Río San Juan

POR DESPACHO 505

Fredys Laguna Serrano, un campesino del municipio de San Miguelito, Río San Juan, fue sentenciado a 10 años de cárcel y a la “pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos” por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.

A este campesino de 36 años, la Fiscalía le atribuye un poder de convencimiento en redes sociales “capaz de poner en peligro la estabilidad del país”.

La sentencia, a la que accedió DESPACHO 505, fue dictada el pasado 1 de febrero por el juez José Ramón Guillén Marín, titular del Juzgado Distrito Penal de Juicio de San Carlos, Río San Juan. Al día siguiente, el 2 de febrero, la sentencia fue leída.

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El juicio de Fredys Laguna se realizó a puertas cerradas y estuvo plagado de irregularidades.

A menos de 24 horas de haber realizado la lectura de sentencia, el juez la reformó para agregar también la “pérdida perpetua de los derechos ciudadanos del condenado” por “traidor a la patria”, a petición del fiscal Óscar Benito Reyes.

“Se declara al condenado Fredys Antonio Laguna Serrano `traidor a la patria´ por lo que se le condena también a la pena de `pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos`”, señala la sentencia.

SUPRESIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS ES INSCONSTITUCIONAL

Durante el debate de pena, la Fiscalía únicamente había pedido diez años de prisión, cinco por cada delito, y la inhabilitación por el mismo periodo.

Abogados consultados por DESPACHO 505 explican que esta adición en la sentencia sobre la “pérdida perpetua” de los derechos ciudadanos no existe en la legislación nicaragüense, ni si quiera en los casos de cadena perpetua revisable.

“Es hasta inconstitucional”, dicen, puesto que toda persona una vez que sale de la cárcel y paga su pena vuelve a ser sujeto de derecho.

POLICÍAS COMO TESTIGOS Y “POST” EN FACEBOOK COMO “PRUEBAS”

Fredys Laguna fue detenido el 28 de octubre del año pasado en su finca ubicada en la comunidad Los Robles del municipio de San Miguelito.

La detención ocurrió en horas de la madrugada cuando realizaba labores de ordeño, denunció en su momento el Movimiento Campesino anticanal del que el sentenciado era parte. Sin embargo, durante el proceso judicial, la Fiscalía indicó que la detención se realizó el 5 de diciembre.

En juicio el fiscal necesitó únicamente de tres policías que llegaron a declarar en contra del campesino para ser declarado culpable. Como “prueba” del supuesto delito, la Fiscalía mostró publicaciones que el preso político realizaba en redes sociales, en legítimo uso de su libertad de expresión.

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Sin embargo, los oficiales dijeron que las publicaciones contra el régimen de Daniel Ortega se realizaban con el fin de “propagar noticias falsas y tergiversadas con la finalidad de desinformar, ocasionar alarma y zozobra en la población”.

También dijeron que tenía como propósito “provocar desobediencia civil y poner en peligro la estabilidad y soberanía del país”.

En las publicaciones en redes sociales el campesino cuestionaba los resultados de las elecciones presidenciales del 2021, en las que Daniel Ortega se reeligió con sus principales opositores en prisión.