Representante de Santa Sede en OEA “ciego, sordo y mudo” sobre ataques a la Iglesia en Nicaragua

El Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, esquivó a los periodistas de Nicaragua Actual a su llegada para participar en la 52 Asamblea General de este organismo y permaneció  “ciego, sordo y mudo” ante los cuestionamientos por los ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Iglesia Católica y a sus líderes.

Cruz Serrano se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación que dan cobertura a la reunión de cancilleres de la OEA, mientras buscaba nerviosamente una salida próxima para escapar de las preguntas que se le hacían sobre la situación de la iglesia en Nicaragua.

“Sobre los recientes ataques del gobierno de Nicaragua a la Iglesia Católica, vimos un asedio y una persecución a Monseñor Rolando Álvarez; hay sacerdotes detenidos ¿El Vaticano no se ha referido sobre esto? ¿Hay preocupación del Vaticano por este tema? ¿Se van a pronunciar?”, fueron las interrogantes de los periodistas a las que Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano se negó a contestar en la reunión de la OEA en Perú.

“Claro, preocupación, claro”, se limitó a responder a los periodistas el Observador Permanente de la Santa Sede a su llegada al centro de convenciones, donde se realiza la 52 Asamblea General de la OEA.

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El 12 de agosto, los Estados Miembros de la OEA aprobaron una resolución sobre Nicaragua que condena la persecución a la Iglesia Católica y sus líderes y el encarcelamiento de más de 200 personas presas políticas de la dictadura de Daniel Ortega.

En esa sesión, el diplomático de la Santa Sede Monseñor Juan Antonio Cruz, tras manifestar la preocupación del Vaticano, hizo un llamado al diálogo para tratar de resolver la grave situación de Nicaragua.

“La Santa sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar caminos de entendimiento basados en el respeto y la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz”, expresó en ese momento Monseñor Cruz al finalizar su intervención en la sesión de la OEA.

Religiosos católicos acusados por conspiración y traición a la patria

Tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que permanecieron secuestrados junto a monseñor Rolando Álvarez, en la Curia Episcopal de Matagalpa, fueron acusados en Nicaragua por la justicia al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, por la supuesta comisión de los delitos de “conspiración” o “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.

Trece días después que la Fiscalía sandinista inició un proceso judicial en contra de los siete religiosos secuestrados en el que el fiscal Manuel de Jesús Rugama fue el encargado de dirigir la acusación, el Poder Judicial reveló los cargos que se les imputan a casi dos meses de cumplirse su arresto arbitrario y forzoso en Matagalpa.

Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Luis Díaz, de igual forma el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, Sergio Cadena Flores, todos en cautiverio dentro de las celdas de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como el Chipote.

El pasado 22 de septiembre la dictadura realizó “en secreto” audiencia en contra de los sacerdotes y seminaristas allegados al obispo Álvarez, mediante la cual la jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, admitió las acusaciones y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Según el sistema electrónico del Poder Judicial, el régimen asignó defensores públicos a cada uno de los acusados, como ha ocurrido en otros casos de presos políticos y programó la audiencia inicial para este viernes siete de octubre.

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¿Qué pasa con el obispo Álvarez?

Al cumplirse dos meses de supuestas investigaciones policiales en contra de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, el Ministerio Público del régimen aún no presenta ninguna acusación penal.

Tras su detención forzosa el pasado 19 de agosto en horas de la madrugada y luego que la policía sancionada informara de su violento arresto y traslado a Managua, bajo supuesto régimen carcelario en su domicilio familiar, no se conoce ninguna información sobre su condición física y de salud.