Miguel Mora y Tamara Dávila logran ver a sus hijos en el Chipote, tras huelga de hambre

Fuentes cercanas a la familia de los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila confirmaron a Nicaragua Actual que la dictadura de Daniel Ortega finalmente permitió la visita de sus hijos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, mejor conocida como “el Nuevo Chipote”.

Miguel Mora lleva 57 días en huelga de hambre exigiendo que le permitieran ver a su hijo Miguelito, un niño con discapacidad motora, mientras que Tamara Dávila cumplió cinco días en demanda para lograr el acceso a la visita de su hija de siete años.

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Este sábado, fuentes oficiales confirmaron que las autoridades penitenciales del Chipote permitieron que ambos reos de conciencia, condenados a prisión por el supuesto delito de “conspiración”, pudiera recibir la visita de sus hijos.

En el caso del cronista deportivo y preso políticos, Miguel Mendoza, la familia informó a Nicaragua Actual que no han sido notificados para que la hija pueda visitar a su padre.

Preocupación de familia de Tamara Dávila

Familiares de las personas presas políticas han manifestado que reiteradas ocasiones que continúan realizando diversas gestiones ante la Dirección de Auxilio Judicial, así como ante las autoridades judiciales, para exigir el derecho de la visita de sus hijos a los presos políticos.

En el caso de Dávila, la Familia aseguró que han introducido al menos siete recursos judiciales para que la niña pueda ver a su mamá, sin embargo no obtenían respuestas positivas.

Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, en entrevista anterior reiteró su preocupación por el estado de salud del reo de conciencia, pues aseguró que tantos días en huelga de hambre provocaría repercusiones en su salud, y el no tener ningún tipo de información les trae mucha preocupación.

Medidas cautelares para ambos reos de conciencia

A la vez, le recordó al Estado de Nicaragua que debe resguardar la vida e integridad física de las personas que tienen bajo su resguardo.

Miguel Mora fue condenado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a 13 años de prisión por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”, mientras Tamara Dávila paga una condena de ocho años.

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Ambos fueron beneficiados con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.